La presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), Cristina Herrero, ha expresado su desacuerdo con las reformas implementadas por el Gobierno para establecer la regla de gasto en pensiones, afirmando que esto «merma nuestra capacidad de supervisión independiente».
Críticas a la metodología de evaluación
Durante su comparecencia en la Comisión de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Toledo, Herrero manifestó que la metodología utilizada por AIReF para evaluar el gasto en pensiones incluye «grandes debilidades metodológicas y problemas de inconsistencia temporal». Según su opinión, la regla de pensiones, impulsada por el exministro José Luis Escrivá, obliga a la AIReF a emitir un informe sobre el cumplimiento de una regla de gasto que debe situarse en un 15% del PIB, siempre que las políticas de ingresos adoptadas a partir de 2020 tengan un impacto positivo a largo plazo.
SE SUPERÓ EL EXAMEN POR POCO
El informe publicado por AIReF en marzo de 2025 determinó que el gasto neto se mantuvo en un 13,2% del PIB, por debajo del límite establecido del 13,3%. Sin embargo, Herrero destacó que este indicador no es suficiente para medir la sostenibilidad, dado que las proyecciones sobre el gasto en pensiones muestran presiones al alza que requerirán crecientes transferencias del Estado. La presidenta de AIReF subrayó que la metodología actual es «muy sensible» al ciclo económico, lo que lleva a la posibilidad de recomendaciones de ajuste de gasto incluso cuando la situación no empeore.
Desafíos en la evaluación del sistema
Herrero también apuntó que al evaluar el gasto del sistema se consideran factores como los flujos migratorios y los supuestos de crecimiento económico, los cuales están sujetos a «gran incertidumbre». Criticó además la dependencia de informes de envejecimiento elaborados por la Comisión Europea, argumentando que estos no reflejan las particularidades de cada estado miembro. «AIReF entiende que merma nuestra capacidad de supervisión independiente», insistió.
Solicita un informe a la Abogacía del Estado
La presidenta afirmó que la solicitud de un nuevo informe para 2026 contradice la ley orgánica de 2013 que instituyó la AIReF. Por ello, demandó un dictamen a la Abogacía del Estado, reiterando que «los informes tienen que ser los que dice la Ley Orgánica, ni uno más ni uno menos». Herrero enfatizó que las opiniones de la AIReF deben ser una iniciativa propia y no pueden ser impuestas por el Gobierno.
No comparte la contabilización de transferencias como ingresos
Finalmente, la presidenta de AIReF criticó que el Gobierno considere las transferencias del Estado como ingresos al sistema de pensiones, sosteniendo que esto no debería ser el caso, excepto en situaciones específicas de pensiones no contributivas. Expresó que, si el Estado busca contabilizar estas transferencias, debería recurrir a subvenciones para mantener la «cuantía total» de la cotización, aunque aclaró que esto no representaría una mejora en la sostenibilidad del conjunto de las administraciones públicas.
Aval a las previsiones del Gobierno
Por último, Herrero apuntó que la AIReF ya avaló las proyecciones que el Gobierno ha incluido en su cuadro macroeconómico, que prevén un crecimiento del PIB del 2,9% para este año, aunque la AIReF estima un incremento del 3%. «AIReF siempre ha avalado las previsiones del Gobierno», concluyó.
