Las autoridades de inmigración de Estados Unidos han detenido a cientos de trabajadores, la mayoría de ellos ciudadanos surcoreanos, en unas instalaciones de Hyundai Motor en Georgia como parte de una investigación sobre prácticas laborales ilegales. En concreto, la medida afecta a 475 personas, según ha informado ‘NBC’, y ha paralizado la construcción de una fábrica cercana de Hyundai en conjunto con LG Energy Solution que fabricará baterías para vehículos eléctricos.
La orden de registro ha sido ejecutada por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos y forma parte de una investigación criminal en curso sobre denuncias de prácticas ilegales de empleo y otros delitos federales graves. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Corea del Sur, Lee Jaewoong, ha rechazado la redada y ha señalado que los trabajadores detenidos eran parte de una «red de subcontratistas», siendo empleados por varias empresas diferentes en el país.
Respuesta de Hyundai
Hyundai sostiene que ningún detenido trabajaba directamente en su compañía y que cumplen con las leyes migratorias. La compañía automovilística ha confirmado la operación policial en sus instalaciones, sin embargo, ha negado que haya detenidos que trabajen «directamente» para Hyundai. Además, ha defendido su compromiso con el cumplimiento de «todas las leyes y regulaciones en todos los mercados donde operamos».
En este contexto, Hyundai ha designado a su director de fabricación en Norteamérica, Chris Susock, como responsable de la planta de Georgia y encargado de realizar una investigación para analizar el cumplimiento de las normas en todos sus proveedores. «Estamos revisando nuestros procesos para garantizar que todas las partes que trabajan en nuestros proyectos mantengan los mismos altos estándares de cumplimiento legal que nos exigimos», afirma el comunicado de la empresa. «Hyundai tiene tolerancia cero para aquellos que no cumplen la ley», concluye.
Implicaciones de la redada
Esta operación se inscribe en una serie de redadas por parte de agentes de inmigración en lugares de trabajo, con el fin de cumplir la promesa del presidente estadounidense, Donald Trump, de emprender la mayor operación de deportación de la historia. Actualmente, aproximadamente un 5% de la fuerza laboral estadounidense está conformada por inmigrantes indocumentados, y la creciente represión amenaza con destruir cientos de miles de millones de dólares de producción económica.
