MADRID 14 Ene. – El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha negado que la prórroga de los contratos de alquiler sea una medida «inconstitucional». Este argumento se origina en la afirmación de que esta política solo se podía implementar bajo el paraguas de la crisis sanitaria provocada por la Covid-19. Sin embargo, el departamento dirigido por Pablo Bustinduy sostiene que la mencionada medida ha sido aprobada en ocho ocasiones por el Consejo de Ministros y convalidada en el Congreso, no solo en el contexto de la crisis sanitaria.
«La prórroga es una medida necesaria», defienden las fuentes del ministerio. Estas consideran que los argumentos presentados por el PSOE acerca de la inconstitucionalidad de la propuesta de Sumar «no se sostienen».
En este sentido, han recordado que el Gobierno de coalición ha incluido la prórroga en tres Reales Decretos-Ley durante el estado de alarma y el escudo social contra la Covid; cuatro Reales Decretos-Ley en situaciones fuera del estado de alarma, pero dentro del escudo social, y un Real Decreto-Ley que se aprobó en un contexto fuera del estado de alarma y del escudo social, relacionado con la respuesta a la guerra de Ucrania.
«La emergencia habitacional que existe actualmente ha sido declarada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como un contexto más que necesario para llevar a cabo otra prórroga de alquileres», argumentan desde el ministerio.
Este lunes, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, expresó en una entrevista en ‘Onda Cero’ que la propuesta de Sumar podría afectar la disponibilidad de viviendas en el mercado y genera «dudas jurídicas».
Sumar busca prorrogar automáticamente todos los contratos de alquiler que expiren en los próximos meses, lo que, según Pablo Bustinduy, afectaría a 1,6 millones de personas este año y a casi 3 millones hasta 2027.
