El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha decidido imponer una sanción de 3.600.902 euros a Alquiler Seguro tras la apertura, en marzo pasado, de un expediente sancionador por parte del departamento que dirige Pablo Bustinduy.
La Secretaría General de Consumo y Juego del Ministerio anunció que esta resolución se produce debido a los cobros a inquilinos denunciados por Facua-Consumidores en Acción, así como a otras irregularidades detectadas durante la investigación de las prácticas de la inmobiliaria.
Consumo había abierto anteriormente un expediente a una «gran agencia inmobiliaria» por posibles prácticas abusivas contra inquilinos en la gestión del alquiler en todo el territorio nacional, sin revelar inicialmente el nombre de la empresa. Posteriormente, Facua identificó a Alquiler Seguro como la compañía involucrada, denunciándola en noviembre de 2023 por imponer el pago de honorarios a los inquilinos, lo que es ilegal según la normativa vigente tras la promulgación de la ley de vivienda.
En la resolución comunicada a Facua, se desestiman las trece alegaciones presentadas por Alquiler Seguro. El expediente, firmado por el secretario general de Consumo y Juego, Andrés Barragán, expone numerosas irregularidades encontradas en los contratos que la inmobiliaria formaliza con los arrendatarios.
Entre las prácticas fraudulentas detectadas, se incluye la imposición de un supuesto servicio de atención al inquilino que oculta el cobro a los arrendatarios por gastos que deberían asumir los propietarios del inmueble. También se ha encontrado la obligación de contratar un seguro del hogar, un aspecto que recae sobre el arrendador, y la limitación del derecho de desistimiento del contrato, imponiendo a los inquilinos todos los gastos derivados de posibles reclamaciones judiciales o extrajudiciales.
Facua, que fue la primera en denunciar a la inmobiliaria, exige acciones contra las irregularidades practicadas. En su denuncia de noviembre de 2023, señalaba que Alquiler Seguro obligaba a los inquilinos a pagar el equivalente a un mes de renta más el 21% de IVA, justificando dicho cobro en un «servicio de atención al inquilino» que incluía, entre otros, asesoramiento para las gestiones de cambio de titularidad de los suministros y asesoramiento jurídico sobre el contrato de alquiler.
La resolución sancionadora ha calificado seis infracciones como «muy graves» y una como «grave» según el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, sobre la Defensa de los Consumidores y Usuarios. Las sanciones totalizan 3.600.902 euros, desglosadas en multas de 1.000.000 euros, 990.900 euros, tres de 500.000 euros y una de 100.001 euros, además de una multa de 10.001 euros por la infracción grave.
Tras esta decisión, la empresa tiene la opción de presentar un recurso de alzada ante el ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, antes de agotar la vía administrativa.
