La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha firmado este lunes un acuerdo para aumentar el salario mínimo interprofesional (SMI) en un 3,1% desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2026, fijándolo en 1.221 euros mensuales distribuidos en catorce pagas. En un acto celebrado en el Ministerio de Trabajo a las 11:30 horas, también asistió el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto a varios ministros, entre otros la vicepresidenta primera María Jesús Montero y la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.
Díaz comenzó su intervención subrayando la «simbología» del evento, destacando la presencia de Sánchez y Montero. «Hoy es la primera vez que se asiste a este Ministerio de Trabajo, encabezados además por el presidente del Gobierno. En política, los símbolos tienen una importancia extraordinaria… Viene el presidente del Gobierno al Ministerio de Trabajo y no al revés», aseguró la ministra. Indicó que es también la primera vez en años que este ministerio tiene autonomía propia, sin depender de otros en la Castellana, en referencia al Ministerio de Economía.
Asimismo, Díaz aprovechó la ocasión para manifestar su lealtad a los trabajadores, agradeciendo a Sánchez que siempre se haya posicionado «en el lado correcto de la historia».
VOLVEMOS A MEJORAR LA VIDA DE LOS TRABAJADORES
La nueva cifra del SMI, que quedará exenta de tributación en el IRPF, supera en 37 euros al mes o en 518 euros al año el importe vigente en 2025, que es de 1.184 euros al mes o 16.576 euros anuales. «Hoy lo que hacemos es coger el testigo de la historia, volvemos a mejorar la vida de la clase trabajadora de este país. Me siento muy orgullosa. Este Gobierno es el Gobierno de las personas trabajadoras, es decir, de la mayoría social», manifestó Díaz, añadiendo que las políticas públicas están al servicio de quienes viven de su salario.
Con la subida del SMI del 3,1%, el salario mínimo de 2026 queda fijado en 17.094 euros brutos al año y 40,70 euros brutos al día. Para los trabajadores eventuales y temporeros, el SMI se establece por jornada legal en 57,82 euros, mientras que los empleados de hogar no podrán cobrar menos de 9,55 euros por hora efectivamente trabajada. Este incremento del SMI se aplicará con efectos retroactivos desde el 1 de enero de este año y beneficiará a 2,5 millones de trabajadores. Es el sexto año consecutivo en que Díaz pacta con los sindicatos la subida del SMI, sin la participación de la CEOE y Cepyme.
PIDE A LOS EMPRESARIOS QUE SUBAN LOS SALARIOS
En este contexto, la ministra Díaz ha enviado un mensaje claro a los empresarios para que aumenten los salarios en España, ya que persiste un «diferencial negativo de 25 puntos con las medias salariales de Europa». «Lo que tenemos que hacer es hacer un llamamiento a las empresas españolas para que no solo desde lo público, sino que en la negociación colectiva suban los salarios en nuestro país», añadió.
Díaz afirmó que el SMI «no destruye empleo, sino pobreza», y resaltó que el acuerdo firmado con los sindicatos también cumple con el mandato del Tribunal Supremo de redefinir las reglas de compensación y absorción salariales para que la subida del SMI sea efectiva.
CCOO Y UGT APUNTAN: EL SMI CONTINÚA SIENDO UN SALARIO DE SUBSISTENCIA
Unai Sordo y Pepe Álvarez, secretarios generales de CCOO y UGT respectivamente, afirmaron que la historia del SMI en España en los últimos años ha sido una historia de «éxito», aunque manifestaron que sigue siendo un salario de «mera subsistencia» incapaz de hacer frente a los gastos más altos de la economía familiar, como la vivienda. Álvarez reiteró que España aún se encuentra lejos de cumplir con el compromiso de la Carta Social Europea, que establece un SMI de al menos 1.444 euros.
Sordo resaltó que el incremento del 66% del SMI en los últimos años ha desmantelado el mito de que aumentar el salario destruye empleo, y ha contribuido a la reducción de la pobreza y la brecha salarial, que ha retrocedido un 20%. No obstante, advirtió que aún hay que actuar respecto a la contratación a tiempo parcial y el déficit de políticas de cuidados.
Ambos sindicalistas urgieron a implementar una reforma de las reglas de absorción y compensación de los pluses salariales. Álvarez demandó un real decreto que permita reformar estas normas y enfatizó que no se debería considerar que el plus de peligrosidad se está consumiendo con la subida del SMI, subrayando la necesidad de mantener estas compensaciones.
Aunque Sordo celebró el aumento en los últimos años que ha permitido elevar el SMI de algo más de 10.000 euros anuales en 2018 a más de 17.000 euros actualmente, destacó que se está generando un «descontento» entre los salarios medios y bajos en un contexto de economía que, aunque se muestra robusta desde el macroeconómico, no refleja mejoras para la mayoría de la ciudadanía.
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