La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha anunciado que su departamento impulsará una ley para otorgar mayor participación a los trabajadores en los consejos de administración de las empresas, estableciendo umbrales legales mínimos basados en el tamaño de la plantilla.
La voz de los trabajadores en la empresa
“Una empresa sin la voz de los trabajadores es como un Parlamento sin el voto de la ciudadanía”, ha defendido Díaz este lunes al recibir el informe elaborado por la Comisión Internacional de expertos y expertas de alto nivel sobre la democracia en el trabajo.
Compromisos pendientes y propuestas legislativas
En el informe se concluye que la gobernanza corporativa que define la economía española no ha tenido en cuenta las promesas del artículo 129.2 de la Constitución española. Este artículo establece que “los poderes públicos promoverán eficazmente las diversas formas de participación en la empresa y fomentarán mediante una legislación adecuada, las sociedades cooperativas. También establecerán los medios que faciliten el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción”.
Por ende, la ministra ha indicado que, cumpliendo con el acuerdo de Gobierno de coalición y el mandato constitucional, desde su cartera se presentará una propuesta legislativa para desarrollar este artículo, buscando regular la democratización de las empresas en España, abierta al diálogo social con los agentes implicados.
Limitaciones actuales en la representación de los trabajadores
Durante la presentación del informe, la presidenta del comité de expertos, Isabelle Ferreras, destacó que España está entre los países con menor reconocimiento de los derechos de las personas trabajadoras. Aunque se han establecido comités de empresa y representación sindical, los derechos de representación son muy limitados, lo que restringe la participación estratégica de los trabajadores.
“Dieciocho de los veintisiete países europeos han reconocido legalmente el derecho de los trabajadores a estar representados en los consejos de administración de las empresas, y España se situa a la cola del tren europeo”, añadió Ferreras.
Propuestas de los expertos
Entre las propuestas del informe se incluye el fortalecimiento de las normas de los comités de empresa, un nuevo derecho para consentir sobre el uso de la Inteligencia Artificial, así como introducir a los trabajadores en los consejos de administración, estableciendo umbrales mínimos basados en el número de empleados. Se plantean también nuevos requisitos para el acceso de trabajadores a la propiedad empresarial.
Evaluación de la democracia en el trabajo
El grupo de expertos propone un sistema de evaluación del grado de democracia en el trabajo a través de un índice de desarrollo democrático corporativo, el cual mediría el acceso a la voz y a la propiedad de los trabajadores en las empresas. Así, cada empresa recibiría una calificación en ambas áreas, incentivando mejores prácticas.
Incentivos fiscales para empresas responsables
Se propone que las empresas que alcancen altos estándares de gobernanza sean recompensadas con reducciones de impuestos y prioridad en la contratación pública. En contraposición, aquellas que mantengan modelos obsoletos enfrentarían mayores costos, trasladando la carga a los poderes públicos.
“A nivel empresarial, las empresas avanzarán hacia una democratización con voz y propiedad. En pocos años, se podrán anunciar umbrales mínimos relacionados con la adaptación de los tipos impositivos y ayudas públicas”, destacó la ministra, añadiendo que la economía española progresará en el cumplimiento de las promesas constitucionales en una década.
Propuestas para la representación en consejos de administración
El mecanismo sugerido por los expertos contempla que un tercio de los puestos en consejos de administración de empresas de entre 50 y 1.000 empleados esté ocupado por trabajadores, y la mitad de los asientos en empresas que superen los 1.000 empleados.
En términos de propiedad, se propone un requisito legal para que al menos un 2% del capital de las empresas esté accesible para los trabajadores, con un mínimo del 10% en grandes corporaciones.
Fondos ciudadanos y derechos laborales
También se contempla la creación de fondos ciudadanos, posiblemente regionales, que sean gobernados por trabajadores para comprar acciones en empresas en crisis, evitando que sean liquidadas o vendidas a fondos depredadores. Además, se plantea la obligación de reportar información sobre los inversionistas laborales en el contexto de subcontratación y cadenas de valor complejas.
Importancia de la participación laboral en la productividad
Para Díaz, la participación de los trabajadores en las decisiones empresariales es clave para mejorar la productividad, ya que son ellos quienes conocen mejor cómo organizar el trabajo. “La mayoría de las decisiones estratégicas en las empresas se toman sin la participación activa de los trabajadores, incluso cuando son perjudiciales para las comunidades donde operan”, afirmó la ministra.
En este sentido, mencionó ejemplos de empresas públicas con trabajadores en sus consejos de administración, y citó casos en el País Vasco donde se han implementado modelos democráticos en corporaciones sin incidencias negativas. “Si de 27 estados, 18 normalizan esta forma de gobernanza, debe ser la norma. No se han vuelto sospechosos en la Unión Europea”, concluyó.
Para Díaz, es inaceptable que los trabajadores se enteren de los cambios relevantes en su empresa a través de la prensa, y reclaman una presencia real en los consejos de administración y participación activa en el funcionamiento de los algoritmos.
