El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este martes la declaración como zona tensionada de San Sebastián, A Coruña y de 21 municipios de Navarra, elevando a 301 los municipios que han sido declarados como tales para el alquiler en cuatro comunidades autónomas.
Los municipios navarros que han sido declarados como zonas tensionadas son Pamplona, Tudela, Valle de Egüés, Burlada, Barañáin, Zizur Mayor, Estella-Lizarra, Aranguren, Berriozar, Tafalla, Ansoáin, Villava, Corella, Valle de Elorz, Cintruénigo, Baztán, Alsasua, Huarte, Berrioplano, San Adrián y Peralta. En el País Vasco, se incluyen Galdakao (Distrito 2) y San Sebastián, así como A Coruña en Galicia.
La declaración de zona tensionada es un mecanismo establecido en la Ley por el Derecho a la Vivienda, que permite la contención de los precios de alquiler en áreas donde los incrementos han sido desproporcionados en años anteriores. La resolución publicada en el BOE tendrá efecto desde mañana.
Este mecanismo establece un índice de precios de referencia para alquileres de vivienda, basado en los datos tributarios de los alquileres declarados en la zona, obligando a grandes tenedores de vivienda a fijar los precios de sus contratos en función de dicho índice.
Además, crea la obligación de que las administraciones públicas implementen un plan de medidas urgentes para aumentar la oferta de alquiler, logrando una reversión de la situación del mercado de alquiler en un plazo de tres años.
La nueva norma también ofrece bonificaciones fiscales para propietarios que reduzcan las rentas de alquiler y limita el incremento de precios en nuevos contratos, al tener que ajustarse al precio del contrato anterior.
Desde el Ministerio de Vivienda se ha destacado que actualmente más de 8,28 millones de personas residen en zonas de mercado tensionado en España. También se ha anticipado que Santiago de Compostela se sumará pronto a esa declaración, junto con Asturias y más municipios del País Vasco.
Una medida que beneficia a inquilinos y pequeños propietarios
El Departamento de Vivienda, encabezado por Isabel Rodríguez, ha enfatizado que la aplicación de las zonas tensionadas favorece tanto a los inquilinos como a los pequeños propietarios que respetan el índice de referencia al alquilar sus propiedades.
Los propietarios podrán deducirse hasta el 90% de los ingresos que perciban por estos alquileres si deciden bajar los precios un 5%. Por ejemplo, si se aplica una rebaja del 5% a un alquiler de 700 euros, el inquilino pagaría 420 euros menos al año de forma inmediata, y el propietario, gracias a la reducción fiscal, obtendría un beneficio anual equivalente al importe de la rebaja, a pesar de haber disminuido el precio del alquiler.
«Usamos la política fiscal para penalizar a quienes especulan y para fomentar conductas que favorecen el interés general», señalaron desde el ministerio, lamentando el rechazo y boicot de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular (PP) a la aplicación de la ley.
Desde el Ministerio se ha reivindicado que la Ley de Vivienda «funciona» y ha logrado reducir los precios de alquiler en los municipios declarados como zonas tensionadas en Cataluña, al mismo tiempo que se ha generado un incremento en los contratos de alquiler, alcanzando los 11.807 nuevos contratos en esta comunidad.
Lo que se exige desde la ciudadanía es que se actúe, pidiendo que el mercado de la vivienda opere conforme a la ley de la razón y de la justicia social, no a «la ley de la selva». También se busca evitar la especulación de fondos buitres y garantizar el acceso a una vivienda pública de calidad.
