El Pleno del Congreso ha rechazado este jueves por segunda vez en menos de un mes los objetivos de estabilidad y de deuda para las administraciones públicas, lo que implica que las comunidades autónomas (CCAA) dispondrán de 5.485 millones de euros menos de capacidad de gasto. Los votos en contra de los partidos de la oposición, entre los que destacan el PP, Vox, Junts y UPN, han conducido a la decisión de aplicar una senda fiscal más estricta para la elaboración de los Presupuestos de 2026.
Durante la discusión, los grupos opositores reprocharon que los objetivos presentados eran idénticos a los que ya fueron rechazados el 27 de noviembre, argumentando que no se habían realizado cambios significativos. Mientras tanto, Podemos y la diputada de Compromís, Águeda Mínguez, optaron por la abstención, mientras que el resto de formaciones respaldaron el texto propuesto por el Gobierno.
A pesar de la oposición, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha manifestado su intención de seguir adelante con la presentación de los Presupuestos de 2026, que se basarán en una senda fiscal más restrictiva para las comunidades autónomas.
JUNTS ANTICIPA UN «NO» A LOS PRESUPUESTOS
Desde el partido Junts, se ha advertido que el incumplimiento de compromisos con Cataluña traerá consecuencias. «Ni objetivos hoy ni Presupuestos mañana», ha afirmado Josep Maria Cruset en el debate. La senda rechazada es fundamental para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado y establece un plan para reducir el déficit total de las administraciones públicas del 2,1% en 2026 al 1,6% en 2028.
En lo que respecta a las comunidades autónomas, se había propuesto un déficit del 0,1% del PIB para los próximos tres años. Por su parte, el déficit para la Administración Central se plantea en un 1,8% en 2026, un 1,5% en 2027 y un 1,4% en 2028.
Al ser rechazada la senda de déficit actual, se aplicará el plan fiscal estructural a medio plazo presentado el año anterior a Bruselas, el cual, aunque globalmente permanece igual, restringe en una décima el margen de gasto de las comunidades autónomas mientras añade una décima a la Administración Central.
Los objetivos del plan estructural estipulan que, para 2026, las comunidades autónomas operen con un 0% de déficit en contraposición al 0,1% establecido por Hacienda, reduciendo así su capacidad de gasto.
MADRID, LA REGIÓN QUE PERDERÁ MAYOR MARGEN DE GASTO
Como resultado de esta decisión, se prevé que las comunidades autónomas deban realizar un ajuste fiscal de 1.755 millones de euros en 2026, resultando en una pérdida de 5.485 millones de euros en capacidad de gasto para el subsector de comunidades autónomas. Madrid será la región con la mayor pérdida de capacidad de gasto, estimada en unos 1.088 millones de euros. Cataluña y Andalucía seguirán con pérdidas de 1.038,7 millones y 731,4 millones, respectivamente.
Las cifras de reducción de capacidad de gasto incluyen también a regiones como Comunidad Valenciana con 509,9 millones; Galicia con 280,8 millones; y Castilla y León con 256,7 millones, entre otras.
María Jesús Montero ha expuesto que el rechazo a la senda de estabilidad perjudica en realidad a las comunidades autónomas. «No se puede explicar que, ofreciendo un mayor margen, algunos voten en contra; solo se puede entender si hay partidos en esta Cámara que están instalados en el no por el no», ha criticado.
