El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un acuerdo por el que se establecen los criterios de aplicación de la prórroga para 2026 de los Presupuestos Generales del Estado de 2023, que son los que actualmente están en vigor, ya que en 2024 y en 2025 no se han aprobado unas nuevas cuentas públicas.
La medida cumple con el artículo 134 de la Constitución Española, en el que se establece que si al llegar el 1 de enero no hay una nueva Ley de Presupuestos, se considerarán automáticamente prorrogadas las cuentas públicas del ejercicio anterior. Así, los Presupuestos Generales del Estado (PGE) del año 2023 se prorrogarán automáticamente por tercera vez el próximo 1 de enero, a la espera de que a lo largo de la primera parte del año, el Gobierno de Pedro Sánchez presente y saque adelante en las Cortes Generales un nuevo proyecto para las cuentas públicas de 2026.
Se trata de la undécima prórroga presupuestaria de la democracia, ya que ha sucedido anteriormente con las cuentas de 1978, 1982, 1995, 2011, 2016, 2017, en dos ocasiones con las de 2018 y ahora por tercera vez con las de 2023. Ante un arco parlamentario tan fragmentado, especialmente tras la ruptura definitiva anunciada por Junts, el Ejecutivo tendrá que esforzarse por recabar los apoyos suficientes para que puedan ver la luz unas nuevas cuentas públicas en España.
Lo que ya tiene listo el Ejecutivo es el límite de gasto no financiero, conocido como ‘techo de gasto’, del Presupuesto del Estado para 2026, que se eleva a la cifra récord de 216.177 millones, así como la senda de déficit y deuda para las administraciones públicas, a pesar del rechazo del Congreso. Dado que la senda de déficit fue rechazada por la Cámara Baja, entrará en vigor la plasmada en el plan fiscal estructural a medio plazo enviada el año pasado a Bruselas, que reduce el margen de gasto para las comunidades autónomas y otorga mayor flexibilidad a la Administración Central.
El déficit fijado para el conjunto de las administraciones públicas bajará desde el 2,1% en 2026, al 1,8% en 2027 y al 1,6% en 2028. En cuanto a la deuda pública, el Gobierno ha situado el objetivo para las administraciones en el 100,9% del PIB en 2026, en el 100% en 2027 y en el 99,1% en 2028. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya ha adelantado que los Presupuestos de 2026 serán «expansivos y responsables» y ha asegurado que ya está trabajando para que sean percibidos por la mayoría de los grupos políticos como una «necesidad» que trasladar a los hogares.
Reorientar el Plan de Recuperación
De cara al próximo año, los criterios de aplicación de la prórroga de los PGE aprobados hoy contemplan las modificaciones realizadas en los últimos meses respecto al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, cuyo despliegue finaliza a finales de 2026. En concreto, el pasado 16 de septiembre de 2025, el Consejo de Ministros aprobó la denominada ‘adenda dana’ para responder a los graves daños provocados por una catástrofe natural registrada entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024.
Esta adenda incorpora un nuevo Componente 32 de ‘Apoyo a la Recuperación y la Resiliencia en respuesta a desastres naturales’, con el objetivo de reforzar la capacidad del país para hacer frente a fenómenos meteorológicos extremos y a crisis externas que afectan a la economía española. Con ella, se reorientan actuaciones del PRTR hacia nuevas inversiones procedentes de partidas ya cumplidas o de ajustes según la evolución del plan desde su aprobación en 2021.
Además, el pasado 9 de diciembre de 2025, se aprobó una nueva adenda de simplificación del Plan de Recuperación, con el objetivo de agilizar los procesos de verificación y ejecución, reduciendo cargas burocráticas, reforzando prioridades estratégicas y optimizando el uso de los recursos disponibles antes de la finalización del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia el próximo año.
Con el objeto de favorecer al máximo la absorción de los Fondos ‘Next Generation’, y de manera transitoria hasta la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, se incluye como requisito previo al inicio de nuevos expedientes de gastos asociados a estos fondos que los departamentos ministeriales y sus organismos adapten los créditos que tengan prorrogados a las necesidades asociadas al cumplimiento del Plan de Recuperación durante 2026.
