El Consejo de Ministros ha aprobado un nuevo real decreto ley de ‘escudo social’ que incluye la prórroga de la suspensión del procedimiento de desahucio para hogares vulnerables sin alternativa habitacional, especialmente cuando el arrendador es un gran tenedor o un ‘fondo buitre’. Esta medida, junto con la prórroga del bono social energético, se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2026.
Esta aprobación llega tras el rechazo del Congreso a la convalidación de un decreto anterior que también contemplaba la subida de pensiones. El nuevo decreto ley abarca medidas de vivienda, energía, empleo, tributarias y de financiación territorial, buscando mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la ministra portavoz y de Seguridad Social, Elma Saiz, defendió la idoneidad de estas medidas. «¿Qué le molesta al Partido Popular de un escudo social que protege a los vulnerables?», cuestionó Saiz, subrayando la importancia de facilitar el pago de suministros básicos como la luz y el agua para aquellos en situación de necesidad especial.
Según fuentes gubernamentales, la prórroga de esta suspensión protege a las personas vulnerable ante posibles desahucios relacionados con propiedades de fondos de inversión o grandes propietarios. Así, el ‘escudo social’ continuará resguardando a inquilinos sin opciones habitacionales que no pueden hacer frente a sus alquileres debido a circunstancias adversas.
Es importante notar que se establece un acuerdo con el PNV para que las personas propietarias de una o dos viviendas no se vean afectadas por esta prórroga. La búsqueda de alternativas habitacionales para inquilinos vulnerables recaerá en los servicios sociales competentes.
Prórroga de la Garantía de Suministro de Agua y Energía a Consumidores
Respecto a las políticas energéticas, el Gobierno ha decidido prorrogar el bono social energético y asegurar la continuidad del suministro de agua y energía a consumidores hasta finales de 2026. Esto también incluye la adaptación de las tasas de retribución financiera para sistemas eléctricos que no están en la península durante el periodo regulatorio de 2026 a 2031.
En el ámbito laboral, se ha establecido la prórroga de la prohibición de despidos para aquellas empresas beneficiarias de ayudas públicas.
Entre otras adecuaciones, destacan modificaciones a la ley del IVA concernientes a hidrocarburos, ajustes en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), así como incentivos fiscales para vehículos eléctricos y otras inversiones que utilicen energías renovables.
Se incorpora también una exención en el IRPF para indemnizaciones por daños personales causados en incendios forestales, una deducción por mejoras en eficiencia energética de viviendas, y actualizaciones al régimen de imputación de rentas inmobiliarias.
Extensión de Ayudas Directas por la DANA
El nuevo ‘escudo social’ amplía las ayudas directas relacionadas con la DANA y establece exenciones en el IRPF e Impuesto de Sociedades para las ayudas que la Generalitat Valenciana ha otorgado en este contexto. En el ámbito financiero, se actualizarán las entregas a cuenta a comunidades autónomas y entidades locales, además de aprobarse un régimen de endeudamiento autonómico, y no habrá exigibilidad de devolución de ingresos indebidos por cuotas nacionales de telefonía móvil que sean devueltas.
Por último, se prorrogará la suspensión de la causa de disolución por pérdidas ocasionadas por desastres naturales, no computándose así las pérdidas de los años 2020 y 2021 hasta finalizar el ejercicio que se inicie en 2026.
