Los sindicatos rechazan la propuesta y Función Pública les convoca a nueva reunión
El Ministerio de Función Pública ha ofrecido este miércoles a CCOO, UGT y CSIF una subida fija del 10% para los empleados públicos en el periodo 2025-2028. Fuentes sindicales han indicado que este porcentaje se repartiría en los cuatro años, con un máximo del 4% para 2025 y 2026, para no sobrepasar el techo de gasto.
De este modo, la subida del 6% restante tendría que aplicarse en los ejercicios 2027 y 2028. Sin embargo, según fuentes de CSIF, el Gobierno ha propuesto que el incremento sea mayor en 2027 debido a la evolución estimada de los precios.
Esta propuesta fue trasladada a los sindicatos por la secretaria de Estado de Función Pública, Consuelo Sánchez Naranjo, en una reunión para abordar el nuevo marco plurianual de relaciones laborales y salariales de los más de tres millones de empleados públicos.
No obstante, los sindicatos CCOO, UGT y CSIF han rechazado la propuesta, considerándola insuficiente. A raíz de esta oposición, el Ministerio ha convocado a los sindicatos a un nuevo encuentro para este jueves, 20 de noviembre, al mediodía.
CSIF ha expresado que esta primera oferta «no cubriría» la subida de los precios, ya que hasta octubre de este año, la inflación interanual era del 3,1%. Por su parte, manifiestan que «los dos primeros años del acuerdo supondrían una pérdida para el poder adquisitivo de los empleados públicos y por tanto no lo podemos aceptar». Además, argumentan que desde 2022, cuando se firmó el anterior acuerdo, los sueldos se han devaluado un 8%.
CCOO considera la propuesta del Gobierno como un «insulto»
Desde CCOO han calificado la propuesta del Gobierno de «todo inaceptable», argumentando que se traduce en un «insulto» para los empleados públicos. El sindicato ha afirmado que sólo aceptará una propuesta que implique la recuperación del poder adquisitivo y ha amenazado con retomar la convocatoria de una huelga general en diciembre «si no hay una propuesta económica justa».
CCOO ha cuestionado la política de contención salarial del Gobierno a pesar de que este «presume de liderar el crecimiento económico de la Unión Europea», sugiriendo que esta propuesta no es acorde con el aumento del costo de vida y el descenso del poder adquisitivo de los funcionarios.
UGT y sus críticas a la negociación
Por su parte, Isabel Araque, secretaria general de UGT Servicios Públicos, ha expresado que el porcentaje ofrecido complica la negociación y ha insistido en que el acuerdo plurianual debe «garantizar el poder adquisitivo». Araque ha dejado claro que «no estamos para perder oportunidades ni para perder dinero».
Desde UGT se preparan para «hacer números» y esperan ver cómo se desarrolla la nueva mesa de negociación convocada para el día siguiente. Señalan que después de las críticas, el Gobierno debería ajustar la oferta a las realidades económicas de los empleados públicos.
El último acuerdo salarial entre el Gobierno y los sindicatos abarcó el periodo 2022-2024 y contempló subidas retributivas que permitieron elevar los sueldos de los funcionarios en torno a un 10%, lo que implicó un gasto cercano a 13.000 millones de euros.
El compromiso de Función Pública
Desde el Ministerio de Función Pública, que dirige Óscar López, aseguran que estudiarán los planteamientos de los sindicatos. El Ministerio defiende que el acuerdo marco en negociación tiene como objetivo mejorar los servicios públicos y la relación entre los ciudadanos y la Administración.
En reuniones previas, se ha avanzado en cuestiones relacionadas con el empleo público y se han establecido prioridades en la mejora de los procesos selectivos, promoción interna y condiciones de trabajo «dignas, seguras y saludables».
