El Gobierno ha afirmado que «no hay negociación abierta ni cambio de posición de ninguna de las partes» respecto al futuro de las centrales nucleares en España, ya que «ninguna de las empresas ha trasladado al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que pretenda renunciar a sus peticiones iniciales».
En junio, Endesa e Iberdrola presentaron por carta al Ministerio de la Transición Ecológica una propuesta para extender la vida útil de las centrales nucleares. Según informó ‘El País’, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, también respondió por escrito a ambas compañías a la propuesta y se mostró abierta a una eventual revisión del calendario nuclear, siempre que se cumplan determinadas condiciones.
Fuentes ministeriales han confirmado que el gabinete de Aagesen comunicó a Endesa e Iberdrola la posición del Gobierno, que establece como líneas rojas para tramitar una petición formal la necesidad de garantizar la seguridad de las personas, la seguridad del suministro y que no suponga un mayor coste para los ciudadanos.
El Ministerio considera que la carta enviada por las dos grandes eléctricas del país es «una declaración de intenciones», y en ningún caso una petición formal que plantea modificar el actual marco normativo de las centrales, lo cual podría perjudicar a consumidores y ciudadanos al reducir la tributación de las instalaciones y otras medidas económicas. Por ello, el Ministerio concluye que la propuesta de las empresas «no cumple con las tres líneas rojas establecidas por el Gobierno para tramitar una petición formal».
A su vez, tanto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como la ministra Sara Aagesen han indicado en meses recientes que estarían dispuestos a estudiar una ampliación de la vida útil de las nucleares, aclarándose que dicha evaluación dependería del cumplimiento de las mencionadas condiciones.
Propuesta sin Naturgy ni EDP
Adicionalmente, la carta de junio que proponía una prolongación de la vida útil de varias centrales nucleares de Endesa e Iberdrola no fue suscrita por Naturgy ni EDP, las otras dos compañías que firmaron el protocolo de cierre alcanzado en 2019 con Enresa, estatuido para clausurar el parque nuclear entre 2027 y 2035.
En varias centrales, incluyendo la extremeña Almaraz, que se cerrará según el calendario con su primer reactor en 2027, existe una comunidad de bienes que exige unanimidad de los participantes, independientemente de su porcentaje de participación. Por su parte, Iberdrola posee el 52,7% de Almaraz, mientras que Endesa tiene un 36% y Naturgy un 11,3%.
Tanto Iberdrola como Endesa han manifestado claramente su interés por la ampliación de la vida útil de las centrales nucleares, siempre que se den las condiciones adecuadas. Naturgy también ha apoyado la ampliación de Almaraz hasta 2030, con el objetivo de repensar el futuro de la nuclear en España posteriormente.
Fiscalidad
No obstante, uno de los temas trascendentales que las compañías propietarias buscan discutir en relación a esta extensión es la fiscalidad que pesa sobre la nuclear. Un estudio elaborado por EY señala que España es el único país que impone cargas fiscales adicionales sobre las centrales nucleares, tales como el impuesto sobre la producción del combustible nuclear gastado y los residuos radiactivos, así como ecotasas autonómicas, que representan 9,2 euros por megavatio hora (MWh).
Este estudio comparativo de la fiscalidad y los mecanismos de financiación del desmantelamiento y gestión de residuos radiactivos en siete países europeos con programas nucleares consolidados, incluidos España, Reino Unido, Bélgica, Francia, Finlandia, Suecia y Suiza, concluye que el impuesto sobre la producción de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos y las ecotasas no tienen un destino específico para cubrir costes asociados a la operativa nuclear.
Estos tributos forman parte de la carga fiscal que enfrentan los operadores en España, que se estima en un total de 27,3 euros/MWh brutos (28,6 euros/MWh netos), de acuerdo con el informe.
Recientemente, el consejero delegado de Endesa, José Bogas, consideró que una prórroga de tres años en el plan de cierre del parque nuclear es «lo más probable que ocurra», basándose en «razones técnicas», aunque subrayó que la decisión final recae en el Gobierno, que «marca la política energética».
Durante una conferencia con analistas para presentar los resultados del primer semestre, Bogas manifestó su esperanza de que «pronto» las empresas propietarias -Endesa, Iberdrola, Naturgy y EDP- se reúnan para debatir el futuro del parque nuclear en España. Además, mencionó que la propuesta presentada junto a Iberdrola incluía una reducción de su fiscalidad, dado que el costo total actual por la operación nuclear ronda los 65 euros/MWh, y los impuestos representan más del 25%, equivalentes a aproximadamente 17 euros/MWh. «Necesitamos una reducción mínima de 10 euros/MWh, y nuestra propuesta incluye la eliminación de algunos impuestos y tasas locales», finalizó.
