MADRID, 13 de septiembre de 2025 – El Partido Popular (PP) responsabiliza a la Ley de Vivienda, aprobada en 2023, de la eliminación de más de 120.000 pisos del mercado de alquiler residencial. Esta afirmación se debe al incremento de la «inseguridad jurídica», lo que motiva al partido a solicitar la derogación de la ley en el Congreso la próxima semana.
En el próximo Pleno de la Cámara Baja, el PP estará defendiendo una moción resultante de una interpelación urgente dirigida a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, en la última sesión plenaria. En su moción, el grupo parlamentario del PP denuncia que, a raíz de esta legislación, muchos propietarios han optado por vender, retirar sus inmuebles o trasladarlos al mercado de alquiler temporal.
Como consecuencia, el partido argumenta que ha surgido una presión desorbitada sobre los pisos disponibles, especialmente en zonas humildes, donde las familias trabajadoras y la clase media están siendo expulsadas de los centros urbanos.
Ponemos de ejemplo a Cataluña
El PP presenta el caso de Cataluña como un ejemplo de las consecuencias perjudiciales de esta norma. Esta comunidad fue la primera en aplicar las medidas de la Ley de Vivienda para limitar los precios del alquiler. Según datos de Idealista, que han sido citados por el PP, los precios en esta región han aumentado un 8,7% en el último año, y de cada tres viviendas que se retiran del mercado del alquiler en España, una lo hace en Cataluña. En Barcelona, la situación es aún más alarmante: por cada piso anunciado hay 341 solicitudes, en comparación con las 77 que había antes de la entrada en vigor de la norma.
Por estos motivos, el PP pide la derogación de una ley que consideran «intervencionista» y que provoca «inseguridad jurídica, subida de precios, reducción de la oferta e incremento de la ocupación ilegal».
Lucha contra la ‘okupación’
El Partido Popular también utiliza esta iniciativa para denunciar el aumento de la ocupación ilegal. Según datos del Instituto de Estudios Económicos, actualmente hay unas 100.000 viviendas ocupadas en España, y un 30% de los propietarios afectados ni siquiera denuncia debido a la lentitud de los procesos judiciales, que pueden prolongarse hasta 18 meses.
De este modo, el PP solicita medidas para acabar con la ocupación ilegal de viviendas e inquietud, asegurando que las personas que ocupan ilegalmente un inmueble sean desalojadas en un plazo de entre 24 y 48 horas.
Adicionalmente, el Grupo Popular incluye otros dos puntos en su moción que plantean medidas fiscales para facilitar el acceso a la vivienda a los jóvenes y la creación de la figura del «Proyecto Residencial Estratégico». Esta figura buscará unificar los trámites de las fases de planeamiento, gestión y ejecución, reduciendo los plazos de construcción de diez a cuatro años y destinando la mitad de las viviendas que se edifiquen bajo este esquema a vivienda asequible.
