El PP ha hecho uso de su mayoría absoluta en el Senado para sacar adelante el procedimiento que podría llevar al Gobierno ante el Tribunal Constitucional (TC), debido a su incumplimiento al no presentar el proyecto de ley de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2026 ante las Cortes. Este descontento se ha manifestado en un intenso debate, donde se produjeron diversas llamadas al orden por parte del presidente del Senado, Pedro Rollán, y reproches entre miembros del PP y el PSOE sobre las polémicas judiciales del Gobierno y la falta de Presupuestos en comunidades gobernadas por el PP.
El conflicto de atribuciones ha contado con la abstención de algunos socios del Gobierno, como ERC y EH Bildu. En este contexto, el PP ha puesto en marcha el procedimiento que permitirá al Senado elevar un nuevo conflicto de atribuciones ante el Tribunal Constitucional en relación con los Presupuestos del próximo año. Una vez adoptado por la Cámara Alta, el asunto se remitirá al Gobierno, quien tendrá un plazo de un mes para responder desde la recepción del planteamiento, aunque también puede optar por no contestar y considerarlo sustanciado. En este último caso, será el Senado quien decida elevar el conflicto al TC o continuar con el procedimiento.
El contexto constitucional del conflicto
El texto presentado por el PP sostiene que el Senado «no debe admitir ni tolerar el incumplimiento» de las obligaciones que la Constitución impone al Gobierno, especialmente en lo relativo a la obligación de presupuestar. A su juicio, la práctica de modificación presupuestaria «al margen del Parlamento», como consecuencia de la falta de Presupuestos, es «contraria al principio de legalidad presupuestaria».
El Partido Popular argumenta que la situación actual, que podría repetirse en 2026, de tener que prorrogar unos Presupuestos de 2023 es comparable con lo que ocurrió en 2020 con los Presupuestos de 2018, cuando el Gobierno decidió no presentar el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del año debido a la crisis originada por la pandemia de COVID-19. En este sentido, los populares creen que actualmente «no existe justificación posible» para no presentar los nuevos Presupuestos, salvo la imposibilidad de alcanzar un acuerdo con las fuerzas parlamentarias necesarias para su aprobación.
Así, concluyen que «los motivos políticos no pueden esgrimirse para justificar la omisión del cumplimiento de obligaciones constitucionales», ya que esto limitaría la capacidad del Senado y las Cortes Generales de ejercer su función presupuestaria.
Conclusiones y próximos pasos
Este proceso se presenta en un marco de elevada tensión política, donde el éxito del PP en el Senado refleja un esfuerzo por incrementar la presión sobre el Gobierno ante la inminente necesidad de presentar el proyecto de ley de presupuestos. La respuesta del Ejecutivo en el plazo estipulado será crucial para determinar la dirección futura de este conflicto entre las instituciones.
