MADRID, 4 Nov. – La brecha entre el salario mínimo interprofesional (SMI) y el sueldo más habitual en España (conocido como salario modal) se ha reducido drásticamente entre 2018 y 2023, pasando del 40% al 3% por la pérdida de poder adquisitivo de la clase media y trabajadora. Esto se desprende del informe ‘Igualitarismo salarial y empobrecimiento económico’ del Instituto Juan de Mariana (IJM).
De esta manera, el ‘gap’ ha pasado de superar los 8.000 euros a ser de poco más de 400 euros en este periodo. Esto es resultado de las políticas salariales del actual Gobierno, que han hecho que el SMI pasara de estar en el entorno de 10.000 euros anuales en términos reales a rozar los 13.370 euros, lo que supone un incremento del 26%.
A la par que el SMI ha subido, el sueldo más común ha caído desde 2018, pasando de representar casi 18.000 euros una vez descontada la inflación a apenas 13.800 euros en 2023. En euros constantes, el diferencial entre el SMI y el sueldo más frecuente ha pasado de los 6.800 euros en 2018 a situarse prácticamente en igualdad en 2023.
Desde el Instituto Juan de Mariana se explica esta convergencia por la pérdida de poder adquisitivo de la clase media y trabajadora, y no porque España se haya vuelto un país más próspero que retribuye mejor a quienes menos ganan.
El informe agrega que «lo que ha ocurrido es que los salarios del tramo central de la distribución han perdido poder adquisitivo, a base de quedar esencialmente estancados en un contexto de baja productividad, inflación elevada y escaso dinamismo económico. Todo ello mientras el salario mínimo ha subido fuertemente a golpe de decretazo».
La presión sobre las empresas
El incremento del SMI ha resultado especialmente exigente para las empresas dedicadas a sectores más intensivos en mano de obra, como la hostelería, comercio, limpieza o servicios auxiliares, que operan en zonas del país donde los niveles de renta son más bajos.
SMI en las provincias
Por territorios, el SMI se sitúa por encima del 60% del sueldo medio en 42 de las 50 provincias españolas y supera el 75% en 34 de estos territorios. Así, en 2024 las provincias donde el salario mínimo representa un mayor porcentaje del salario medio son Ávila (78,7%), seguida de Zamora (77,3%), Badajoz (75,8%), Murcia (75,7%) y Alicante (74,2%).
En cuanto al peso del SMI sobre el salario medio que pagan las pequeñas y medianas empresas, la provincia con mayor incidencia sería Ávila (90,8%), seguida muy de cerca por Zamora (89,1%), Badajoz (87,3%), Murcia (86,7%) y Alicante (85,4%).
A nivel autonómico, Extremadura sería el caso más destacado: en dicha región, el salario mínimo supone el 72,8% del sueldo medio autonómico. Además, se alcanzan umbrales muy elevados en Canarias (68,5%), Murcia (67,4%), Andalucía (66,5%) o Castilla y León (65,9%).
El impacto en el empleo
Desde el Instituto Juan de Mariana se indica que el aumento del SMI aplicado en términos nominales provocó un impacto negativo total en el mercado de trabajo equivalente a la destrucción de hasta 174.000 empleos a lo largo del año 2019. Sin embargo, el efecto acumulativo de pérdida de empleo entre 2019-2023 alcanza los 210.000, con la estimación de que dicha cifra podría alcanzar el umbral de 270.000 a lo largo de 2024.
Por otro lado, según el Instituto, el Gobierno está haciendo «maquillaje estadístico» y «contabilidad creativa», ya que se atribuye una caída del paro de 600.000 personas, cuando el descenso es de solo 70.000, puesto que la reclasificación de fijos discontinuos no activos como ocupados supone casi el 90% de la mejora comunicada por el Ejecutivo.
Consecuencias de la subida del SMI
Desde el Instituto Juan de Mariana se afirma que el resultado de esta política de salarios mínimos no es, en absoluto, una mejora generalizada de las condiciones salariales. Más bien, está provocando un «achatamiento de la estructura salarial por la base». Subir el SMI de acuerdo con «directrices políticas» convierte al mismo en un «techo empobrecedor», con efectos negativos para la mayoría del mercado laboral.
Se advierte que cuando el salario mínimo se acerca al sueldo más frecuente, desaparecen los incentivos para la mejora profesional, la formación y el ascenso laboral. Esto se debe a que la recompensa salarial por progresar se reduce, debilitando la movilidad social, presionando a sectores intensivos en mano de obra, fomentando la economía informal y dificultando la creación de empleo estable, especialmente entre jóvenes y trabajadores con menos cualificación.
Por último, se concluye que «España necesita mejorar sus salarios, pero pretender lograrlo a golpe de decretazo es un profundo error. La alternativa pasa por un modelo que premie la productividad, facilitando un contexto de actividad y rentas crecientes».
