Alerta de sobrecostes y merma de productividad
MADRID, 17 Sep. — La Confederación Empresarial de Madrid-CEOE (CEIM) ha censurado la propuesta que ha pactado Junts y el Gobierno de España para que empresas de más de 250 trabajadores presten atención al cliente en catalán, al considerar que «atenta contra la libertad empresarial».
En concreto, Junts anunció este martes que ha pactado con el Ejecutivo central una reforma legal que obligará a los servicios de atención al cliente a ofrecer la posibilidad de hablar en catalán a los consumidores que hayan adquirido sus servicios en Cataluña, independientemente de si la sede de la empresa se encuentra o no en esa comunidad autónoma.
Exigencias y críticas de los empresarios
«Los empresarios de Madrid exigimos al Gobierno respeto a la libertad de empresa, en una economía regida por el intercambio y los precios en condiciones de igualdad, y dejar de lado las imposiciones que dañan la competitividad empresarial. Es inaceptable que se introduzca la política en las iniciativas empresariales. Debe respetarse el margen de autonomía de dirección para el empresario, característica inherente a cualquier empresa privada, sino estaríamos hablando de una empresa pública», subrayó un comunicado de CEIM.
Desde la patronal madrileña han recalcado que las empresas que operan o mantienen relaciones comerciales con Cataluña ya ofrecen, de forma mayoritaria, esta posibilidad a sus clientes y proveedores, gracias a su propia estrategia empresarial y de negocio, «sin necesidad de imposiciones».
Precisamente, los empresarios critican que la medida no se haya debatido con las propias empresas, que son las afectadas directamente, y censuran que «las decisiones en el ámbito político se aplican al sector privado sin medir las consecuencias».
«Aunque la medida puede ser comprensible desde una perspectiva nacionalista (Junts), sorprende que el Gobierno, que debería velar por el interés general, acepte intervenir en la libertad de empresa e imponga esta medida a empresas radicadas fuera de Cataluña. Obedece solamente a un acuerdo político ajeno al interés general, que implica contentar a los nacionalistas y seguir en el poder», señalaron dirigentes de CEIM.
Impacto en el entorno empresarial
En un contexto ya marcado por «un incremento de la presión fiscal y de los costes sociales sobre las empresas», han alertado de que esta obligación significaría que las empresas de los sectores básicos de interés general «tuvieran que implementar un servicio de atención al cliente en catalán, con el sobrecoste que ello implicaría y la merma de la productividad, que parece ser la última preocupación del Gobierno».
«Lejos de velar por el interés general, el Ejecutivo está aceptando intervenir en la libertad de empresa solo para contentar a los nacionalistas y seguir en el poder. Es intolerable introducir obligaciones, burocracia, costes y disfunciones por razones meramente políticas», concluyeron.
