El Congreso de los Diputados ha aprobado recientemente una iniciativa promovida por el Partido Popular (PP) en la que se solicita al Gobierno una revisión a la baja de «los impuestos que pagan las familias y autónomos». Esta nueva propuesta tiene como objetivo que no se aplique una subida de cuotas a los trabajadores por cuenta propia para el próximo año y que se exonere de IVA a aquellos que facturan menos de 85.000 euros anuales.
La aprobación de estas peticiones se logró con el apoyo de varios partidos, entre ellos Vox, Junts, Coalición Canaria y UPN. Sin embargo, Esquerra Republicana (ERC) y PNV optaron por la abstención, mientras que los partidos que forman parte del Gobierno, así como Podemos, BNG y Bildu, votaron en contra.
La Cámara Baja respaldó estas cuestiones mediante una moción que es resultado de una interpelación urgente planteada por el PP la semana anterior a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Este nuevo enfoque señala un cambio en la propuesta original del Gobierno, que inicialmente contemplaba una subida generalizada de las cuotas, afectando también a los tramos más bajos.
Además de las medidas relacionadas con los autónomos, el Congreso instó al Ejecutivo a ajustar el IRPF a la inflación y a eximir de tributación al Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en 2026.
Eliminar gasto político superfluo
Otra de las iniciativas aprobadas, que también recibió el rechazo de los partidos en el Gobierno, consiste en solicitar al Ejecutivo de Pedro Sánchez que elimine los gastos políticos superfluos dentro de la administración pública.
Asimismo, se pide al Gobierno que lleve a cabo una reforma administrativa que reduzca los trámites y cargas que dificultan la actividad empresarial, simplificando las obligaciones fiscales, agilizando permisos y procedimientos, y garantizando un entorno propicio para la inversión y el crecimiento económico.
Por último, el Congreso exige la elaboración de un plan estratégico que mejore la productividad y competitividad del tejido empresarial, con el fin de facilitar su expansión y contribuir a un aumento «progresivo y sostenido» de los salarios de los trabajadores en España.
