El 13 de octubre de 2025, Iberdrola anunció su intención de emprender acciones legales contra Beatriz Corredor, presidenta de Redeia, la matriz de Red Eléctrica de España (REE). Este paso responde a lo que la empresa considera un ataque a su reputación, realizado por Corredor durante sus declaraciones sobre el apagón ocurrido el 28 de abril de ese año.
Acusaciones en el Senado
Según informaron fuentes jurídicas, la compañía presidida por Ignacio Sánchez Galán ha iniciado los trámites legales para presentar una denuncia. Las declaraciones de Corredor en el Senado, donde acusó a Iberdrola de gestionar de manera ineficiente su planta fotovoltaica ‘Núñez de Balboa’ en Badajoz, fueron el detonante de esta decisión. Corredor señaló esta planta como el epicentro del apagón.
Causas del Conflicto
La empresa eléctrica considera que las afirmaciones de Corredor atentan gravemente contra su imagen y reputación. Además, han manifestado que ante este ataque, solicitarán a la presidenta de Redeia que se retracte públicamente por sus declaraciones, especialmente las realizadas en la Comisión de Investigación del Senado.
Detalles de la Comisión de Investigación
Durante su comparecencia del 11 de septiembre en esta Comisión, Corredor tuvo la oportunidad de argumentar que las empresas eléctricas fueron responsables del apagón debido a una «mala gestión». Aseguró que una de ellas había estado haciendo un «experimento» con la gestión de su planta fotovoltaica de Badajoz, justo donde se originó la crisis energética.
Corredor declaró que Red Eléctrica tiene constancia de que el apagón inició a las 12:03 horas debido a una oscilación extraordinaria de 0,6 Hz provocada por una mala gestión y control en dicha planta fotovoltaica. Además, subrayó que esta planta había tenido problemas similares el año anterior y que los responsables habían reconocido que estaban realizando un experimento en su gestión.
Acción ante el Tribunal Supremo
En mayo de 2025, Iberdrola también había presentado una acción ante el Tribunal Supremo para solicitar una aclaración normativa sobre la creación por parte del Gobierno del Comité para analizar las circunstancias que llevaron a la crisis eléctrica del 28 de abril, buscando entender las bases legales de dicha acción.
Este conflicto legal no solo afecta a las partes directamente involucradas, sino que también refleja tensiones significativas dentro del sector energético en España, que ha estado en el centro de debates públicos sobre la gestión y sostenibilidad de la energía.
