SALAMANCA, 23 oct. (Europa Press) – La presidenta de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), Ana de la Herrán, ha declarado que los altos funcionarios de la Agencia Tributaria se encuentran en «alerta máxima», debido a los «tiempos más que complejos» que se experimentan en relación con la ‘financiación singular’ para Cataluña. Esta situación se abordó durante la inauguración del XXXV Congreso de Inspectores de Hacienda del Estado, que reúne a más de 650 inspectores en Salamanca.
En el mismo evento, el alcalde de Salamanca, Carlos Manuel García Carbayo, también expresó su preocupación sobre los modelos de financiación singular que, en lugar de reforzar la equidad, «fragmentan la Agencia Tributaria, rompen la caja y dificultan la coordinación». Para García Carbayo, la Asociación de Inspectores de Hacienda ha sido clara al afirmar que dicha deriva «dinamita los pilares del sistema», comprometiendo la lucha contra el fraude y la igualdad.
Desafíos del Sistema Tributario
El Palacio de Congresos de Salamanca acogerá este jueves y viernes el Congreso anual de los Inspectores de Hacienda, que se llevará a cabo en un entorno de incertidumbre económica y los desafíos que enfrenta el sistema tributario español, particularmente en relación al ‘cupo catalán’. Desde hace más de un año, inspectores y expertos en financiación autonómica han alertado sobre los riesgos de esta ‘financiación singular’ para Cataluña.
Recientemente, la IHE ha denunciado la creación de una estructura tributaria paralela en Cataluña «sin amparo legal» y ha solicitado al Ministerio de Hacienda que aclare si se prevé el traslado de funcionarios a la Agencia Tributaria de Cataluña, algo que ha sido anunciado por ERC. Además, han expresado su profunda preocupación por los recientes avances en el desarrollo de la Agencia Tributaria Catalana (ATC), especialmente tras la convalidación del Decreto-Ley 15/2015, que establece la estructura jurídica de la agencia catalana, la cual ha sido validada en el Parlament de Cataluña.
Los inspectores critican que esta medida se ha adoptado sin el respaldo legislativo necesario que justifique la urgencia del decreto-ley, lo cual, según ellos, pone en riesgo principios constitucionales fundamentales como la igualdad y la solidaridad interterritorial.
