MADRID, 9 Ene. – La Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado ha manifestado su desacuerdo con la propuesta del nuevo modelo de financiación autonómico, presentado el pasado viernes por la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Esta propuesta introduce «de forma preocupante la cesión de competencias gestoras de la Agencia Tributaria a aquellas comunidades con mayor vocación de autogobierno».
Detalles de la propuesta y preocupaciones de los inspectores
Dentro de la propuesta del nuevo sistema de financiación, se pretende desplegar un nuevo modelo de gestión en red del sistema impositivo. Este modelo permitirá que colaboren las agencias tributarias autonómicas y la Agencia Estatal para mejorar la persecución del fraude. Asimismo, se busca que se asuman mayores competencias gestoras por parte de aquellos territorios «que tienen mayor vocación de autogobierno».
Sin embargo, para los inspectores de Hacienda, esta cesión supondría, en la práctica, un fraccionamiento de la Administración tributaria estatal. Un aspecto que la ministra evita abordar, consciente de que esto conduciría a un incremento significativo del gasto público y a una ineficiencia e ineficacia sin precedentes en la gestión tributaria.
Costes y consecuencias
Aunque el coste de esta gestión no ha sido calculado ni se ha mencionado en la rueda de prensa de María Jesús Montero, desde la asociación han avanzado que sería inasumible por parte de los ciudadanos españoles. Esto impediría garantizar servicios esenciales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), como las campañas del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), y debilitaría «gravemente» la lucha contra el fraude fiscal, ampliando su brecha y provocando que el Estado tuviese que asumir un gasto adicional que solo podría afrontarse mediante subidas de impuestos.
Contexto histórico
Este tipo de propuestas en materia de financiación autonómica no son nuevas en España y suelen generar un intenso debate sobre la distribución de competencias y recursos entre el Estado y las comunidades autónomas. La preocupación de los inspectores radica en que cualquier cambio significativo en este ámbito podría afectar la eficiencia de la administración tributaria estatal y, en consecuencia, la capacidad del gobierno español para recaudar y gestionar adecuadamente los recursos públicos.
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