Junts defenderá en el Pleno del Congreso de la semana que viene una proposición no de ley con la que plantea endurecer los permisos de paternidad que se conceden a temporeros migrantes debido a preocupaciones por posibles fraudes en su concesión. El partido de Miriam Nogueras registró esta propuesta en agosto, y se examinará en lo que será el último Pleno de septiembre, donde también se debatirá la proposición de ley del PSOE y Junts para delegar a Cataluña competencias en materia de inmigración.
En los últimos años, Junts ha detectado un «incremento significativo» en las solicitudes de prestación por paternidad presentadas por trabajadores migrantes, especialmente en sectores como la agricultura o la construcción. Algunas de estas solicitudes han generado inquietudes, ya que se han presentado casos en los que se ha solicitado el permiso múltiples veces en un corto periodo, alegando el nacimiento de hijos en sus países de origen sin aportar documentación verificable.
Alguna documentación «ilegible»
El diputado de Junts, Isidre Gavín, dirigió una pregunta en la sesión de control al Gobierno sobre este asunto, denunciando que en muchas ocasiones la administración acepta documentos de temporeros que tienen una «letra ilegible». Además, Gavín señaló que hay temporeros que solicitan varios permisos alegando que «en su país son polígamos», y cuando obtienen el permiso, suelen trabajar «en negro» por otro lado.
En respuesta a esta situación, Junts propondrá modificar el artículo 30.2 del Real Decreto de 2009, que regula las prestaciones por maternidad, paternidad, riesgos durante el embarazo y lactancia, para introducir requisitos específicos. Concretamente, se busca exigir a los solicitantes «certificados oficiales emitidos y validados por los consulados españoles» para asegurar que las prestaciones se conceden exclusivamente en casos que cumplen con los principios de legalidad y veracidad.
El Gobierno se opone a la reforma
En la misma sesión de control, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, respondió que el Gobierno no contempla una reforma legal para endurecer la concesión de estos permisos, ya que han sancionado a solo 22 personas en Cataluña, cifra que catalogó como «anecdótica». Saiz comentó que «plantear una modificación normativa general solo para trabajadores extranjeros sobre una base fáctica que es ciertamente anecdótica y que afecta por igual a trabajadores españoles y extranjeros no parece que sea lo adecuado».
La ministra explicó que estas sanciones se han dado por simular relaciones laborales para acceder a la prestación por nacimiento o incrementar las bases de cotización para recibir una mayor prestación. También recordó que, en caso de que un hijo o hija nazca en el extranjero, debe aportarse el certificado de nacimiento debidamente legalizado, y que, si hay dudas sobre la veracidad del documento, la Seguridad Social solicita la verificación correspondiente.
Si se considera que puede haber fraude, se remite el expediente a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para un estudio individualizado de cada caso. La normativa existente, según Saiz, ya incluye mecanismos suficientes para prevenir y sancionar posibles fraudes sin necesidad de introducir requisitos adicionales.
