El pasado 9 de noviembre de 2025, Junts registró una propuesta legislativa en el Congreso de los Diputados que busca establecer un mecanismo de condonación de la deuda municipal, similar al que se aplicó a las comunidades autónomas. Esta iniciativa fue presentada mediante una enmienda al proyecto de ley que transpone la directiva europea sobre la fiscalidad de las criptomonedas, conocida como ‘DAC 8’.
La formación, liderada por Carles Puigdemont, apunta a reducir la carga financiera de los ayuntamientos más endeudados, permitiéndoles así recuperar su capacidad de inversión y de prestación de servicios. El Gobierno ya había propuesto una condonación parcial de la deuda de las comunidades autónomas, con la intención de perdonar cerca de 83.000 millones de euros, que quedarían a cargo del Estado.
Reducir burocracia para los ayuntamientos
Además de la propuesta de condonación de deuda, Junts ha planteado otras reformas para disminuir la carga burocrática sobre los ayuntamientos. Una de estas medidas es eximir a aquellos que no presenten déficit estructural de la obligación de presentar un Plan Económico y Financiero.
Junts sostiene que esta inicitiva busca evitar imponer cargas administrativas innecesarias a entidades locales con finanzas saneadas. Otra de las propuestas es revisar la regla de gasto para adaptarla a las necesidades de las entidades locales, excluyendo de su cómputo los gastos urgentes y extraordinarios para atender emergencias sociales, crisis económicas o catástrofes.
La formación también ha propuesto mecanismos de compensación por pérdidas de ingresos derivadas de la reforma de la plusvalía municipal y el IVA soportado por los gobiernos locales, con la finalidad de que estas cargas fiscales no restrinjan la capacidad financiera de los ayuntamientos.
Cambios en la participación de tributos
Junts insiste en instaurar una nueva fórmula de cálculo de la Participación en los Tributos del Estado, que considere la evolución real de los gastos municipales. Esto permitiría incrementos automáticos para cubrir los aumentos anuales en gastos de personal y garantizar financiación para servicios impropios asumidos por los municipios.
También se busca reconocer a consejos comarcales, insulares y otras entidades supramunicipales como beneficiarios de la Participación en los Tributos, asegurando así una financiación suficiente y estable para el ejercicio de competencias y servicios que les corresponden.
Finalmente, Junts ha registrado una enmienda que permitiría a las áreas metropolitanas establecer un recargo sobre el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, que podría alcanzar hasta el 0,2% en inmuebles urbanos, al 0,1% en rústicos y al 0,3% en aquellos con características especiales. Además, se propone que la base para aplicar el recargo del IBI sea la base liquidable en lugar de la base imponible.
