La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional (AN) ha confirmado el procesamiento del BBVA, de su expresidente Francisco González y de varios exdirectivos de la entidad. Esto se debe a la contratación del comisario jubilado José Manuel Villarejo para presuntos encargos ilegales entre 2004 y 2016.
MADRID, 20
A lo largo de una serie de autos, la Sección Tercera ha rechazado 11 recursos de apelación interpuestos contra el auto que cerraba la investigación. Los magistrados han afirmado que «no resulta creíble el desconocimiento alegado» por el propio BBVA.
Se confirma así el procesamiento, entre otros, del responsable de Seguridad de la entidad, Julio Corrochano; el exconsejero delegado del BBVA, Ángel Cano; el exjefe de Control Interno, Eduardo Arbizu; y el exdirector de Riesgos, Antonio Béjar.
La Sala de lo Penal se refiere al sistema de prevención y control del BBVA, indicando que no era eficaz. Este sistema dejó fuera de cualquier normativa de control a la Presidencia Ejecutiva y a la alta dirección, quienes indiciariamente cometieron delitos de cohecho y revelación de secretos en beneficio del banco.
Para la AN, «no es irrazonable concluir que, al menos indiciariamente, el modelo de organización y gestión para prevenir delitos no era eficaz, ya que había un grupo de personas que podían actuar al margen del mismo y sin control».
GONZÁLEZ SABÍA «QUIÉN ERA» VILLAREJO
Todos los indicios apuntan a que se deben valorar de forma conjunta en el juicio; no es competencia de la Sala establecer cómo debieron implementarse los controles que pudieron prevenir la comisión de delitos. El análisis debe centrarse en la constatación de que los controles existentes no eran eficaces.
En relación con Francisco González, la Sala ha indicado que algunos de los contratos con CENYT, la empresa de Villarejo, fueron ordenados por el entonces presidente del BBVA, quien «ya sabía quién era esta entidad y sus métodos de investigación».
Los magistrados concluyen que «no es irrazonable» interpretar los indicios que señalan la posible participación de González en delitos de cohecho y revelación de secretos, indicando que sabía que la información obtenida por CENYT a través de los contratos referidos «no respetaba la legalidad».
Estas acciones incluyeron el uso de funcionarios policiales para obtener datos íntimos y personales, así como acceder a fuentes restringidas, sin la debida autorización judicial. A pesar de esto, se ordenó la continuación de la contratación de Villarejo.
«Estos hechos presentan los caracteres de delitos continuados de cohecho y revelación de secretos, lo que impide el sobreseimiento de las actuaciones», apuntó la Sala.
GONZÁLEZ LO ASUME «CON TRANQUILIDAD»
Fuentes jurídicas cercanas a González han indicado que él «asume la decisión de la sala con tranquilidad, y que en el juicio oral tendrá la oportunidad de esclarecer todas las dudas y demostrar con hechos su inocencia».
El BBVA, por su parte, ha enfatizado que «esta decisión de la Sala no altera la situación procesal de la entidad, que se mantiene como parte investigada en el procedimiento hasta que el juez dicte, en su caso, auto de apertura de juicio oral».
«La prioridad de BBVA siempre ha sido la plena colaboración con la Justicia en el esclarecimiento de los hechos. BBVA siempre ha defendido que de los hechos investigados no se deriva responsabilidad penal para la entidad», añadió el banco.
EL JUEZ LES PROCESÓ EN 2024
En junio de 2024, el juez instructor, Manuel García Castellón, propuso juzgar al banco, a González y a Villarejo, entre otros, por delitos de revelación de secretos. En un auto de 268 páginas, puso fin a la instrucción de la pieza separada 9 del ‘caso Villarejo’.
El inicio de los hechos se remonta a la contratación del comisario de Policía Julio Corrochano por el BBVA en septiembre de 2002, con la expresa aquiescencia de su presidente, Francisco González. Esta contratación facilitó un enlace entre el banco y compañeros del policía, incluyendo a Villarejo y Enrique García Castaño.
El juez describió cómo Villarejo, aprovechando su cargo dentro de la policía, creó una estructura empresarial para lucrarse, teniendo acceso a registros policiales y bases de datos a las que solo las fuerzas de seguridad podían acceder.
Corrochano, conocedor de esta actividad ilegal de Villarejo a través del Grupo CENYT, comunicó a su presidente la existencia de este recurso que garantizaba discreción. Esto prosperó dado que no existía un programa de control y supervisión sobre las decisiones dentro de la entidad.
Como resultado, se firmaron varios contratos para implementar proyectos de inteligencia que incluyeron seguimientos, intervenciones telefónicas y consultas a bases de datos sobre personas, incluyendo empresarios, abogados y periodistas.
