MADRID 8 Oct. – El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha emitido dos autos en los que avala las sanciones impuestas por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 a siete empresas debido a prácticas engañosas durante las rebajas del ‘Black Friday’, que se celebran a finales de noviembre.
Contexto de las sanciones
En concreto, según ha informado el Ministerio que dirige Pablo Bustinduy, el TSJM se ha pronunciado sobre los recursos presentados por una de las empresas sancionadas. Esta compañía solicitó medidas cautelares para evitar la sanción mientras se resolvía su recurso, pero el tribunal las ha rechazado en dos autos y ha prohibido que continúe con dicha práctica. Además, se le ha ordenado depositar un aval de 110.000 euros como garantía de la multa económica.
«De esta manera, y como ya ocurrió con la retirada de anuncios ilegales en Airbnb, la justicia vuelve a respaldar las actuaciones del Ministerio en materia de protección a los consumidores ante prácticas abusivas», ha subrayado el Ministerio.
Descripción de las prácticas engañosas
En esta ocasión, las falsas rebajas consistieron en que las empresas sancionadas aumentaron el precio de varios productos antes del ‘Black Friday’, para luego reducirlos a su precio original y ofertarlos como si se tratara de un descuento. Este comportamiento infringe lo estipulado en el artículo 20 de la Ley de Ordenación del Comercio Minorista, que establece que, al mostrar un descuento en un producto, se debe indicar como precio de referencia el menor precio que haya tenido en los 30 días anteriores al descuento.
De las siete empresas sancionadas, tres admitieron haber llevado a cabo estas prácticas engañosas, mientras que las cuatro restantes presentaron recurso. «Tras los autos del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, se refuerza la prohibición de llevar a cabo estos falsos descuentos durante épocas de rebajas como el ‘Black Friday'», apunta el Departamento liderado por Bustinduy.
Importancia de la supervisión de precios
Las sanciones impuestas por el Ministerio de Consumo, que ascienden en total a casi 350.000 euros, corresponden a falsas rebajas realizadas en el año 2023 por empresas que comercializan a través de internet y que también ofrecen sus productos en tiendas y grandes superficies, como electrodomésticos, electrónica, deportes o cosmética.
Para monitorizar los precios de estos productos, la Dirección General de Consumo utilizó ‘Price Reduction Tool’, una herramienta desarrollada por la Comisión Europea que permite controlar en tiempo real si las ofertas realizadas en épocas de alto consumo cumplen con la normativa sobre indicación de precios.
