El 17 de septiembre de 2025, la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, presentará por la tarde a las organizaciones sindicales UGT y CCOO, así como a las empresariales Seopan, CNC y APCE, el nuevo Plan Estatal de Vivienda correspondiente a los años 2026-2030. Este plan tiene como objetivo triplicar la financiación en políticas de vivienda, alcanzando un total de 7.000 millones de euros.
El Departamento de Isabel Rodríguez iniciará este miércoles la audiencia pública del Proyecto de Real Decreto, con la intención de que el plan sea aprobado en el Consejo de Ministros durante la segunda quincena de diciembre, lo que marcará el inicio de su efecto en el próximo ejercicio.
En el marco del calendario presentado por Rodríguez en la última rueda de prensa del Consejo de Ministros, también se ha programado una reunión multilateral y sectorial con las Comunidades Autónomas, la cual se realizará en la segunda quincena de septiembre con el fin de discutir sobre este nuevo Plan Estatal.
Una de las principales novedades del plan es la decisión de triplicar la financiación y blindar el parque público de vivienda, buscando alcanzar estándares europeos tanto en volumen como en protección. El Estado se encargará del 60% de la inversión prevista, mientras que las comunidades autónomas gestionarán el 40% restante.
UN 40% DEL PRESUPUESTO PARA AUMENTAR LA OFERTA DE VIVIENDA PÚBLICA
El Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 se desarrolla en torno a cinco ejes principales:
- Impulso a la construcción y adquisición de vivienda pública.
- Rehabilitación para mejorar la eficiencia y la accesibilidad.
- Desarrollo de líneas específicas de apoyo para reducir la edad de emancipación de los jóvenes.
- Rebaja de la tasa de esfuerzo para garantizar el acceso en condiciones de asequibilidad.
- Reversión de situaciones en zonas de mercado tensionado donde existen mayores dificultades para acceder a la vivienda.
Además, se prevé que la mayor parte de los fondos, hasta un 40%, se destine al incremento de la oferta de vivienda pública; otro 30% se dirigirá a programas de rehabilitación de viviendas y barrios, priorizando criterios de eficiencia energética; y el 30% restante se destinará a ayudas emergentes, incluyendo aquellas dirigidas a la emancipación juvenil, la reducción de la tasa de esfuerzo financiero, y la intervención en zonas tensionadas, así como al refuerzo de la vivienda rural y el alquiler asequible para quienes más lo necesiten.
