El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes un real decreto ley que incluirá medidas destinadas a fomentar el alquiler justo. Estas iniciativas buscan incentivar a los propietarios a no incrementar el precio de los alquileres al momento de renovar los contratos, además de implementar una regulación que combata el «fraude» en los alquileres de temporada y limite el «abuso» del alquiler por habitaciones.
Incentivos fiscales para propietarios
Durante su visita a los trabajos de demolición de los primeros edificios del acuartelamiento de Campamento en Madrid, donde se construirán 10.700 viviendas asequibles, Sánchez destacó que «es sencillo: a quienes garantizan vivienda digna les apoyaremos y a quienes especulan con ello les pondremos freno».
La primera medida contemplada en el decreto, que será aprobado en las próximas semanas por el Consejo de Ministros, incluye una bonificación fiscal del 100% en el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) para aquellos propietarios que decidan no aumentar el alquiler al renovar los contratos. «De esta manera ganamos todos», aseguró el presidente.
Regulación de alquileres de corta duración
Además, el Gobierno se propone establecer un marco normativo más riguroso para los contratos de alquiler de temporada. Según explicó Sánchez, la intención es erradicar el «uso fraudulento» que se está detectando en este tipo de arrendamientos. Para lograrlo, se aplicarán condiciones estrictas que definan cuándo un contrato puede considerarse de temporada, así como un régimen sancionador para quienes incumplan esta regulación.
«Nuestras ciudades se están llenando de contratos de temporada que obligan a las personas a renegociar y vivir en la incertidumbre perpetua, sin un motivo justificado, salvo el de la especulación», añadió.
Límite al alquiler por habitaciones
Una tercera medida que el Gobierno implementará se enfoca en frenar el uso del alquiler por habitaciones. Sánchez puntualizó que en los últimos tiempos ha surgido una preocupante tendencia a convertir pisos completos en alquileres por habitaciones, con el único propósito de elevar las rentas. Por lo tanto, el Gobierno trasladará las garantías de alquiler para viviendas completas a aquellos inquilinos que alquilen habitaciones. Esto implica que la suma de las rentas de las habitaciones no podrá exceder el precio del alquiler de la vivienda completa, y se aplicarán mecanismos de control de rentas en zonas tensionadas.
Nuevas iniciativas de vivienda pública
Además de estas medidas de regulación y control, Sánchez subrayó el compromiso del Ejecutivo de seguir construyendo vivienda pública para restituir el parque público, a través de la nueva Empresa Estatal de Vivienda, Casa 47, y el nuevo Plan Estatal de Vivienda, que contará con más de 7.000 millones de euros de inversión.
La ‘Operación Campamento’, que había estado paralizada desde 1989, ahora avanza hacia la creación de un nuevo barrio que albergará 10.700 viviendas asequibles, un nuevo comienzo que Sánchez celebró, asegurando que se pasa «de las palabras a los hechos».
La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, destacó que este proyecto se distingue por su enfoque en la asequibilidad, garantizando que el 100% de las viviendas serán promovidas por empresas públicas, con precios de rentas que no superen el 30% de la renta mediana de la zona.
Conclusiones
Estas iniciativas legislativas tienen como objetivo no solo proteger a los inquilinos y fomentar una mayor estabilidad en el mercado de alquiler, sino también garantizar el acceso a viviendas asequibles para las familias que más lo necesitan. Con estas acciones, se busca favorecer a más de 3 millones de hogares que dependen del alquiler en España.
