El Tribunal Supremo sentenció recientemente que la indemnización solo se puede incrementar si se hace una reforma legal. Este 15 de septiembre de 2025, Sumar defenderá en el Pleno del Congreso una proposición no de ley en la que piden al Gobierno reformar el despido improcedente y hacer que este sea realmente disuasorio para las empresas y restaurativo para las personas afectadas.
Tras la derrota en la Cámara Baja con la reducción de jornada que el grupo plurinacional sufrió a manos de PP, Vox y Junts, la coalición que lidera Yolanda Díaz ahora elevará al Pleno otra de sus iniciativas más sonadas en materia económica. Sumar cree que es necesario establecer una indemnización que funcione como mecanismo disuasorio en casos de despidos sin causa, a fin de eliminar determinadas distorsiones en las relaciones de trabajo que resultan «especialmente perniciosas» para las pequeñas y medianas empresas, la inmensa mayoría en el tejido productivo de España.
QUE SE TENGA EN CUENTA EL TAMAÑO DE LA EMPRESA
La idea de la coalición de partidos, recogida en la propuesta, es que el despido tenga en cuenta factores como la cifra de negocios de la empresa, su tamaño u otras circunstancias a la hora de determinar la cuantía indemnizatoria. Con esto, Sumar sostiene que se evitaría que las empresas grandes o con mayores recursos financieros despidan de manera injustificada, ya que actualmente no enfrentan proporcionalmente las mismas consecuencias económicas que las más pequeñas, fomentando prácticas de «dumping social».
Para defender su propuesta, el grupo se apoya en que en países como Francia y Alemania la indemnización por despido improcedente se determina considerando factores como la antigüedad del trabajador o su salario, además de las circunstancias específicas del despido. En Francia, por ejemplo, se utiliza un sistema de baremos que toma en cuenta estos elementos para calcular la compensación adecuada, mientras que en Alemania se establecen reglas específicas según el tipo de contrato y la duración del empleo.
EUROPA DICE QUE EL DESPIDO ES INSUFICIENTE EN ESPAÑA
En la actualidad, en España, la cantidad fijada por el despido improcedente es de 33 días por año trabajado. CCOO y UGT presentaron una demanda al Comité Europeo de Derechos Sociales para denunciar que esta cantidad no es suficientemente disuasoria y que no cumple con lo establecido en la Carta Social Europea. El Comité Europeo dio la razón a los sindicatos y determinó que los límites máximos de indemnización fijados por la legislación española «no son suficientemente elevados para reparar el perjuicio sufrido por la víctima en todos los casos y ser disuasorios para el empresario».
Sin embargo, el Tribunal Supremo español falló a raíz de esa sentencia que la indemnización por despido improcedente no puede verse incrementada «vía judicial con otras cuantías que atiendan a las circunstancias concretas de cada caso», pues los mandatos que vienen en la Carta Social no son mandatos directamente aplicables, sino que son «declaraciones programáticas» y de «abierta interpretación» que requieren una intervención legislativa.
En este contexto, Sumar considera que el problema del ordenamiento jurídico español no está en la suficiencia o insuficiencia de la indemnización por despido improcedente, sino «en lo injustificado y hasta injusto del módulo de fijación de esta». Por todo ello, el grupo cree necesaria una revisión de la legislación española, instando al Ejecutivo a regular junto con el diálogo social una indemnización en caso de despido improcedente «realmente disuasoria y restaurativa».
