MADRID 19 Dic. – El acuerdo entre Telefónica y los sindicatos para el expediente de regulación de empleo (ERE) que afectará a un mínimo de 4.539 personas en siete filiales de la teleco y para la prórroga de los tres convenios que amparan a las sociedades afectadas se firmará el próximo lunes, 22 de diciembre, tras el respaldo que las propuestas de la empresa han recibido por parte de UGT, CCOO y Sumados-Fetico.
UGT ya había dado su visto bueno a la propuesta este pasado jueves, mientras que CCOO y Sumados-Fetico lo han hecho este viernes después de realizar las respectivas consultas y gestiones internas.
Sumados-Fetico, que cuenta con representación en las tres filiales del Convenio de Empresas Vinculadas (CEV) pero no en las otras cuatro subsidiarias afectadas, ha subrayado que ha decidido aceptar las condiciones ofrecidas «por unanimidad».
CCOO también ha destacado que el balance de las negociaciones es «claramente positivo», a pesar de que hayan quedado cuestiones pendientes. En cuanto a la afectación en las filiales amparadas en el CEV, se prevé que 2.925 personas sean afectadas en Telefónica de España (casi el 33% de una plantilla de 8.892 empleados), 720 en Telefónica Móviles (20% de un total de 3.587) y 120 en Telefónica Soluciones (casi un 11% del total de 1.118 efectivos), sumando un total de 3.765 bajas.
La propuesta inicial de Telefónica era de un total de 5.040 salidas en el conjunto de las sociedades del CEV, pero la oferta final concreta una horquilla de entre 3.765 y 5.040 salidas, dependiendo del volumen de adhesiones voluntarias que se registren. Esto significa que si se registran 3.765 adhesiones voluntarias, no habrá más salidas; mientras que si hay, por ejemplo, 5.300 adhesiones voluntarias, el número máximo de salidas seguirá siendo 5.040. Por el contrario, si se registran 3.000 adhesiones voluntarias, habría 765 salidas forzosas hasta alcanzar las 3.765, cifra máxima establecida en caso de que no haya un volumen suficiente de voluntariedad.
Por otro lado, la teleco presentó el martes su oferta final para Telefónica Global Solutions, Telefónica Innovación Digital y Telefónica S.A. –conocidas como las GBU’s–, donde el volumen de salidas se ha reducido en un 20% en comparación con la propuesta inicial, hasta un total de 599 (152 menos que las 751 propuestas inicialmente). La afectación para estas tres filiales se distribuye de la siguiente forma: 112 personas para Telefónica Global Solutions (alrededor del 18% de una plantilla de 638 empleados), 186 en Telefónica Innovación Digital (casi el 19% de un total de 993) y 301 en Telefónica S.A. (casi un 26% del total de 1.160 efectivos), lo que suma un total de 599 bajas.
Asimismo, hay 175 bajas propuestas para Movistar+, lo que representa un 20,3% del total de 860 efectivos con los que cuenta la filial. Cabe recordar que al principio de las negociaciones la afectación era de 297 empleados (casi el 35% del total de la plantilla).
Con esto, las 4.539 salidas mínimas del ERE en Telefónica suponen que, como mínimo, la empresa adelgazaría en torno a un 26% su plantilla en las siete filiales afectadas, que actualmente cuentan con un total de 17.248 empleados. Este porcentaje representa una reducción de nueve puntos respecto al 35% que se planteó inicialmente.
Condiciones económicas
En lo que respecta a las indemnizaciones, la propuesta de la empresa para todas las filiales incluye tramos de renta para los nacidos entre 1969 y 1971 del 68% del salario regulador hasta los 63 años y del 38% a partir de entonces, salvo en el caso de Movistar+ donde no se incluyen los nacidos en 1971. Los empleados nacidos entre 1965 y 1968 recibirán un 62% hasta los 63 años y un 34% a partir de entonces. Para aquellos nacidos en 1964 y anteriores, los porcentajes son del 52% hasta los 63 años y del 35% a partir de esa edad.
Los requisitos para adherirse de forma voluntaria al ERE son de 15 años de antigüedad durante la vigencia del proceso (hasta el 31 de diciembre de 2028) para las filiales del CEV, y de 13 años para las GBU’s (Telefónica Global Solutions, Telefónica Innovación Digital y Telefónica S.A.), teniendo en cuenta que el proceso de despido colectivo estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2026 como máximo.
Adicionalmente, en el caso de las GBU’s se añadirán primas de voluntariedad en función de la antigüedad en la empresa, que oscilarán entre 5.000 y 18.000 euros, el doble que la horquilla previamente propuesta de entre 2.500 y 9.000 euros. Para aquellos con menos de 8 años de antigüedad, la prima será de 5.000 euros; entre 8 y 12 años, 7.000 euros; entre 12 y 16 años, 9.000 euros; entre 16 y 20 años, 12.000 euros; entre 20 y 24 años, 15.000 euros; y más de 24 años, 18.000 euros.
Es importante recordar que la principal reivindicación de los sindicatos en el contexto del ERE ha sido la voluntariedad del proceso, con el fin de evitar salidas «traumáticas».
El anterior ERE realizado por Telefónica resultó en la salida de 3.420 trabajadores (un 33% menos de las 5.124 bajas propuestas al inicio de las negociaciones), siendo el acuerdo final alcanzado con los sindicatos en enero de 2024. El costo del despido colectivo de 2024 se estimó en alrededor de 1.300 millones de euros (antes de impuestos) para la compañía, que pagó una media de unos 380.000 euros por trabajador, cifra que fue inferior a la de los planes de salida realizados anteriormente.
No obstante, el ahorro promedio para la empresa a raíz del ERE se estima en unos 285 millones de euros anuales. El nuevo ERE que está a punto de acordarse en Telefónica se enmarca en el plan estratégico que la compañía presentó a comienzos de noviembre, el cual contempla ahorros de costos en torno a 3.000 millones de euros para 2030 (2.300 millones de euros para 2028), incluyendo partidas vinculadas al personal.
La intención de Telefónica es lograr que el acuerdo del ERE se establezca antes del cierre del ejercicio fiscal actual para que su impacto no afecte las cuentas del próximo ejercicio. De mantenerse la cuantía por trabajador similar a la del anterior ERE, el costo de este nuevo proceso de despido colectivo para Telefónica podría situarse en torno a 1.700 millones de euros, aunque aún no se han hecho públicos los importes exactos.
