Así se lo ha trasladado durante la cena que los líderes han dedicado a la geoeconomía y competitividad de la UE. Fuentes europeas han señalado que, aunque este acuerdo no estaba en la agenda del Consejo Europeo, las presiones de Francia e Italia para retrasarlo han obligado a abordar el tema.
A falta de una fecha concreta, la voluntad de los europeos es que la firma tenga lugar «cuanto antes», a «comienzos» del mes de enero. Los países de Mercosur y la Comisión Europea, que habla por voz de los 27 en materia comercial, contaban con firmar el acuerdo el próximo sábado, 20 de diciembre, en los márgenes de una cumbre en Foz de Iguazú, pocos días después de que se cumpliera un año desde que se anunciara en Montevideo el fin de las negociaciones.
Sin embargo, para que esta firma fuera posible y permitir así su entrada en vigor provisional a la espera de que se cumpliera el proceso de ratificación completo, Von der Leyen necesitaba un mandato de los Veintisiete que fuera adoptado por una mayoría cualificada de los Estados miembros.
El aviso del presidente de Francia, Emmanuel Macron, de que el acuerdo en su estado actual sigue sin ser aceptable para su país complicaba la luz verde del mandato. A pesar de ello, no se sumó la minoría de bloqueo necesaria para frenarlo, aunque algunos socios, como Polonia, Hungría, Austria y Bélgica, también manifestaron reservas.
Finalmente, ha sido la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, quien este mismo jueves ha avisado que veía prematuro firmar el pacto, aunque estaba dispuesta a hacerlo más adelante, cuando se respondiera a las reclamaciones de los agricultores, lo que ha decantado la balanza y frustrado la firma prevista para este sábado.
Lula y Meloni han mantenido una llamada telefónica este mismo jueves para constatar que no se daban las condiciones para mantener la ceremonia prevista en Iguazú, aunque no cierran la puerta a la adopción del pacto comercial el próximo mes.
Entre las claves para contar con el apoyo de Roma están las salvaguardas acordadas esta misma semana entre el Consejo (gobiernos) y el Parlamento Europeo, que, entre otras cosas, prevén la vigilancia de los mercados y medidas para suspender la importación de productos sensibles si se constatan fuertes distorsiones para los europeos.
Estas medidas, sin embargo, están pendientes de su adopción definitiva por parte de los colegisladores europeos y no podrán estar en vigor antes del mes de enero. Un calendario que también apuntó Macron al llegar a la cumbre en Bruselas, al pedir esperar hasta que las medidas se materialicen y se desarrollen otras iniciativas anunciadas por Bruselas, que aún no se han concretado, como el refuerzo de los controles en las aduanas.
