Bruselas ha decidido abrir un expediente de infracción contra España debido a las facultades discrecionales que otorgan algunas normas en la legislación española al Gobierno, permitiéndole frenar operaciones como la OPA de BBVA a Sabadell. La Comisión Europea considera que el alcance de estos poderes podría exceder el interés general.
El Ejecutivo comunitario ha dado un plazo de dos meses al Gobierno español para que responda a sus preocupaciones, que abarcan desde la necesidad de realizar cambios profundos en la transposición de dos leyes europeas hasta interrogantes sobre si la intervención del Gobierno en la operación obedece a un verdadero interés general.
Fuentes comunitarias han indicado a varios medios de comunicación españoles que si hubiera existido un motivo genuino de interés público, la intervención del Gobierno no habría planteado problemas. Sin embargo, han advertido que en cuestiones bancarias no se debía elevar la decisión de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) al Consejo de Ministros, como ocurrió el 27 de mayo.
La notificación de esta carta de emplazamiento representa el primer paso hacia un expediente sancionador que establecerá un diálogo entre Bruselas y Madrid para resolver las discrepancias. Este procedimiento podría, en última instancia, llevar a la Comisión a remitir el caso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
Cabe destacar que este proceso no tendrá un impacto directo en la operación de BBVA sobre Sabadell, ya que la principal preocupación del Ejecutivo comunitario radica en la falta de alineación de la legislación española con el derecho de la UE.
Bruselas espera que España rectifique las deficiencias identificadas en la directiva de requisitos de capital y en la ley de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito, que requieren cambios significativos, mientras que las disposiciones que afectan a la ley de defensa de la competencia necesitan un adecuado enfoque y uso.
Según han explicado las fuentes comunitarias, las dos primeras disposiciones otorgan al Ministro de Economía un poder discrecional de veto y facultades para decidir sobre operaciones bancarias, lo que podría socavar los poderes exclusivos del Banco Central Europeo (BCE) en este ámbito.
