Los sindicatos Comisiones Obreras (CCOO) y Unión General de Trabajadores (UGT) han exigido la reanudación «inmediata» de la tramitación parlamentaria de la ley que establece la jornada laboral máxima de 37,5 horas semanales. Esta solicitud se produce tras el anuncio del Gobierno de posponer el debate de las enmiendas a la totalidad, inicialmente programado para el 22 de julio en el Congreso de los Diputados. Según el sindicalismo, esta decisión «aplaza el avance en la consolidación de derechos laborales».
La tramitación de la ley ha sido retrasada al próximo periodo parlamentario de sesiones en septiembre, debido a la situación política generada por los presuntos casos de corrupción que involucran al Partido Socialista Obrero Español (PSOE), así como a la petición de la formación catalana Junts, que ha solicitado más tiempo para analizar las propuestas.
Ambas organizaciones sindicales han manifestado que el retraso «no justificado» en el tratamiento de esta ley repercute negativamente en las condiciones laborales, afectando especialmente a las personas más vulnerables que enfrentan precariedad laboral, largas jornadas no retribuidas y contratos a tiempo parcial no deseados.
Desde la perspectiva de CCOO y UGT, la ley de reducción de jornada promueve «un reparto más justo del tiempo de trabajo y de los beneficios generados», además de reforzar derechos fundamentales como el descanso, la conciliación de la vida personal y laboral, y la desconexión digital. Asimismo, esta ley garantizaría «un registro eficaz y veraz de la jornada laboral», vital para combatir las horas extra no declaradas ni cotizadas.
Los sindicatos han señalado que la incertidumbre legislativa está obstaculizando las mesas de negociación colectiva, ya que muchas empresas utilizan la falta de claridad para frenar progresos en este ámbito. Esta situación, advirtieron, podría derivar en «un otoño especialmente conflictivo en términos laborales».
En su demanda, CCOO y UGT también han exigido la retirada de las enmiendas a la totalidad presentadas por ciertos grupos parlamentarios, que consideran que «impiden el debate democrático de una norma de profundo calado social» y que surgió «del diálogo social» entre el Gobierno y los sindicatos.
Como parte de sus acciones de movilización, CCOO y UGT han convocado una concentración este martes, 16 de julio, en Barcelona, y una gran asamblea sindical unitaria el próximo 22 de julio en Madrid.
