La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha valorado positivamente las reformas incluidas en el anteproyecto de ley de digitalización y modernización del sector financiero (APL), aunque también ha señalado varios aspectos que podrían mejorarse desde la perspectiva de la promoción de la competencia y los principios de buena regulación.
A solicitud del Ministerio de Economía, Comercio y Empresas, la CNMC ha emitido un informe en relación a este anteproyecto de ley, que busca actualizar el marco normativo y facilitar la incorporación de nuevas tecnologías, como los criptoactivos y la tecnología de registros distribuidos en el sector financiero. Para ello, se proponen modificaciones en más de una docena de leyes que conforman el actual régimen jurídico del sistema financiero.
El regulador destacó que muchas de las reformas propuestas se alinean con las recomendaciones realizadas en su estudio sobre fintech de 2018. En particular, resalta la previsión de nuevas soluciones de pago y la digitalización, así como la actualización del sandbox financiero. No obstante, la CNMC ha identificado diversos aspectos en el anteproyecto que podrían mejorarse para promover una mayor competencia.
En lo que respecta a la publicidad de criptoactivos, la CNMC sugiere que la exigencia de autorización previa por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) para anunciar criptoactivos se limite a los casos donde esté debidamente justificada por criterios de necesidad y proporcionalidad. Se plantea la consideración de mecanismos menos restrictivos, como declaraciones responsables, notificaciones previas o supervisión a posteriori.
Respecto a la actualización del sandbox financiero, la CNMC aboga por reforzar la transparencia en la información y en la resolución de dudas, así como por permitir que los proyectos innovadores y estratégicos puedan presentarse en cualquier momento del año. Además, sugiere especificar el régimen de caducidad del procedimiento de evaluación y sus consecuencias para los promotores, así como la eliminación de tasas para aquellos promotores que firmen protocolos con autoridades distintas a la CNMV.
La CNMC también enfatiza que los entornos controlados de prueba no eximen del cumplimiento de la normativa nacional y europea de competencia. Asimismo, destaca que su función es consultiva, ya que puede ser requerida por las Cámaras Legislativas, el Gobierno, los departamentos ministeriales, las comunidades autónomas, las corporaciones locales, los colegios profesionales, las Cámaras de Comercio y las organizaciones empresariales y de consumidores y usuarios.
