El 5 de agosto de 2025, Estados Unidos anunció que impondrá fianzas de 5.000, 10.000 o 15.000 dólares (12.992 euros) para los visados de turismo y de negocios expedidos a visitantes de ciertos países, aún no anunciados, que registren tasas significativas de estancias ilegales. Este mecanismo se implementará a través de un programa piloto de 12 meses establecido en una norma definitiva temporal publicada recientemente, según informa ‘Bloomberg’.
Contexto y alcance del programa
El programa también incluirá a aquellos países en los que se ha detectado un control inadecuado de los solicitantes, así como a los que ofrecen la ciudadanía por inversión sin requisitos de residencia. No habrá posibilidad de solicitar exenciones, aunque los funcionarios podrán eximir del pago de las fianzas en casos de necesidades humanitarias urgentes u otras circunstancias limitadas.
A más, los viajeros deberán ingresar y salir de Estados Unidos a través de aeropuertos designados, los cuales serán anunciados más adelante por el Departamento de Estado. Tras abandonar el país a tiempo, tendrán derecho a un reembolso completo de la fianza.
Política de seguridad nacional
El Departamento de Estado ha calificado el programa piloto como «un pilar fundamental de la política exterior de la administración Trump para proteger a Estados Unidos de la clara amenaza para la seguridad nacional que suponen las estancias prolongadas sin visado y la selección y verificación deficientes».
El alcance del programa piloto parece ser «limitado» y es muy probable que afecte a países con un volumen de viajes «relativamente bajo», según ha comentado Erik Hansen, vicepresidente senior de relaciones gubernamentales de la Asociación de Viajes de Estados Unidos.
Hansen subrayó que «si queremos mantener una posición competitiva en el mercado mundial de los viajes, es fundamental que la política de visados de Estados Unidos refleje tanto las prioridades de seguridad nacional como el importante valor económico de las visitas internacionales».
Iniciativa histórica
Este programa renueva una iniciativa de los últimos meses del primer mandato del presidente Donald Trump, la cual nunca se llegó a aplicar debido a la interrupción de los viajes provocada por la pandemia de Covid-19. La versión de 2020 incluía a 23 países, entre ellos Afganistán, Angola, Chad, República Democrática del Congo, Eritrea, Irán, Laos, Liberia, Libia, Mauritania, Sudán, Siria y Yemen.
Un informe del Departamento de Seguridad Nacional de 2023 reveló más de 314.000 casos de viajeros que se quedaron más tiempo del permitido con visados de negocios ‘B-1’ o turísticos ‘B-2’.
