Las autoridades de Estados Unidos han anunciado la apertura de una investigación sobre las prácticas comerciales de Brasil, con el objetivo de establecer si estas restringen injustamente las exportaciones estadounidenses al país sudamericano. Esta decisión se produce una semana después de que el presidente Donald Trump amenazara a Brasil con la imposición de un arancel del 50 por ciento a sus productos, en parte fundamentado en el juicio que enfrenta el expresidente brasileño Jair Bolsonaro por intento de golpe de Estado.
El representante de Comercio de Estados Unidos, Jamieson Greer, declaró: «Siguiendo las instrucciones del presidente Trump, voy a iniciar una investigación en virtud del artículo 301 de la Ley de Comercio de 1974 sobre los ataques de Brasil a las empresas estadounidenses de redes sociales, así como otras prácticas comerciales desleales que perjudican a nuestras empresas, trabajadores, agricultores e innovadores tecnológicos». Esta afirmación fue hecha en un comunicado de la oficina del representante comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés).
Greer añadió que, tras consultar con otras agencias gubernamentales y asesores autorizados, «las barreras arancelarias y no arancelarias de Brasil merecen una investigación exhaustiva y, potencialmente, una respuesta adecuada». La USTR busca averiguar si Brasil mantiene prácticas o políticas que son «irrazonables o discriminatorias y que suponen una carga o restricción para el comercio estadounidense». Esta investigación se centrará en seis ámbitos específicos: comercio digital, aranceles preferenciales injustos, aplicación de leyes anticorrupción, protección de la propiedad intelectual, compraventa de etanol y deforestación ilegal.
Entre los puntos destacados en el informe, se menciona que Brasil podría estar socavando la competitividad de las empresas estadounidenses en sectores clave, tomando represalias por no censurar el discurso político, en referencia a una reciente decisión del Tribunal Supremo brasileño que responsabiliza a las plataformas de redes sociales por las publicaciones ilegales de sus usuarios. Hasta ese momento, las grandes compañías tecnológicas no eran responsables civilmente por el contenido antidemocrático o el discurso de odio difundido en sus plataformas.
Además, Greer señala que Brasil «concede tipos arancelarios preferenciales más bajos a las exportaciones de determinados socios comerciales competitivos a nivel mundial», excluyendo a Estados Unidos, y que el país sudamericano «ha renunciado a su voluntad de conceder un trato prácticamente libre de aranceles al etanol estadounidense».
El representante de Comercio también se refirió a la orden que Trump afirmara darle la semana pasada, ante «los continuos ataques de Brasil a las actividades de comercio digital de las empresas estadounidenses y otras prácticas comerciales desleales». Esta mención se acompaña del contexto del juicio a Bolsonaro, quien ha sido señalado como líder de una trama por parte de la Fiscalía, que ha solicitado su declaración de culpabilidad en cinco delitos diferentes que podrían llevarle a más de 40 años de prisión.
En declaraciones a la prensa desde la Casa Blanca, Trump volvió a calificar el proceso contra Bolsonaro de «caza de brujas». Cuando se le preguntó sobre la lógica detrás de imponer gravámenes a un país con el que Estados Unidos tiene un superávit comercial, Trump respondió: «Lo estamos haciendo porque tengo que hacerlo, porque puedo hacerlo. Nadie más podría hacerlo. Tenemos aranceles porque queremos aranceles y queremos que el dinero entre en Estados Unidos». Añadió que, en lugar de pagar aranceles, un país o empresa debería considerar producir en Estados Unidos.
