Una jueza colombiana ha condenado a 11 años de prisión a siete exdirectivos de Banadex, una filial de Chiquita Brands en Colombia, por financiar al grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Esta decisión se fundamenta en que la Fiscalía colombiana logró demostrar que, entre 1995 y 2004, empresarios de Chiquita Brands y sus empresas filiales entregaron 1,7 millones de dólares para financiar a las AUC en la región de Urabá, a cambio de seguridad para sus cultivos, instalaciones y trabajadores. Además de la pena de prisión, los empresarios bananeros deberán abonar una multa cercana a 3,4 millones de dólares.
Esta es la primera vez que altos ejecutivos asociados a Chiquita Brands son condenados por la justicia colombiana. Es importante destacar que en 2007, la empresa ya había admitido ante las autoridades estadounidenses que realizó estos pagos, lo que le costó una multa de 25 millones de dólares. En junio de 2024, un tribunal en Florida, Estados Unidos, también encontró a la compañía responsable de ocho asesinatos perpetrados por paramilitares en Colombia. Chiquita ha argumentado que comenzó a realizar estos pagos debido a las amenazas del líder de las AUC, Carlos Castaño, quien insinuó que, de no hacerlo, el personal y las propiedades de la empresa podrían sufrir daños.
BBC Mundo contactó a la empresa en 2024 para obtener más información pero no recibió respuesta. Los pagos a grupos paramilitares en Colombia representan sólo una de las sombras que oscurecen la larga historia de Chiquita en América Latina.
Chiquita Brands es heredera de la United Fruit Company, una empresa fundada en 1899 que revolucionó el mundo con su modelo de producción de banano, impactando profundamente la política y la economía de varios países latinoamericanos, al punto de que se les comenzó a llamar «repúblicas bananeras». Desde hace más de un siglo, su negocio se basa en llevar bananos frescos desde los países productores, mayormente tropicales, hasta las mesas de los consumidores a nivel global. Según Peter Chapman, autor del libro «Bananas: How the United Fruit Company Shaped the World», esta empresa fue la pionera de las multinacionales modernas, representando un paso clave en la historia del capitalismo.
La United Fruit Company estableció una vasta red de plantaciones que abarcaba desde Guatemala hasta Colombia, incluyendo naciones como Honduras, El Salvador, Belice, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, así como islas del Caribe como Cuba y Jamaica. Su capacidad operativa a menudo superaba a la de los gobiernos locales, utilizando su tecnología y expertise para acceder a regiones donde otros no podían. Como empleadora de miles de personas y poseedora de vastas extensiones de tierra, la compañía era capaz de influir significativamente en la estabilidad o inestabilidad de dichos países.
Décadas antes de sus vínculos con paramilitares, la empresa tuvo un protagonismo central en la masacre de las bananeras de 1928 en Colombia y en el golpe de Estado en Guatemala en 1954. A pesar de atravesar una crisis severa a mediados de los años setenta, Chiquita logró sobrevivir, cambiando de propietarios y continuando su enfoque en la venta de bananos, que hoy se pueden encontrar en los supermercados del mundo con su característico sticker azul.
Antes de convertirse en un magnate del banano, Minor Keith, fundador de United Fruit Company, era un empresario en el sector ferroviario. Su interés por la fruta se despertó al observar que los trabajadores jamaiquinos que había trasladado a Costa Rica para construir el ferrocarril llevaban consigo bananos para alimentarse. Con el tiempo, logró lanzar la producción y el transporte de bananos a gran escala. Desde 1873, comenzó a experimentar con estos cultivos y en 1899 se fusionó con otra empresa que dominaba el negocio del banano en Jamaica, formando así la United Fruit Company.
Cuando Minor Keith se dio cuenta de las posibles ganancias que podía obtener del cultivo del banano, comenzó a negociar con el gobierno costarricense para obtener terrenos baldíos a cambio de avances en infraestructura en esas áreas, un modelo que más tarde replicó en otros países de Centroamérica y la costa atlántica de Colombia. Esta estrategia llevó a que la compañía acumulase un poder inmenso, convirtiéndose prácticamente en un estado dentro del estado. Treinta años después de su fundación, la United Fruit Company poseía más de un millón de hectáreas, había construido más de 2.400 kilómetros de ferrocarril y contaba con 90 barcos de vapor, conocidos como la Gran Flota Blanca, que transportaban sus bananos hacia Estados Unidos y Europa. En su momento, las exportaciones de banano alcanzaban los 65 millones de racimos al año, consolidando casi un monopolio en el mercado.
Sin embargo, esta influencia económica facilitó la corrupción, permitiendo a la compañía sobornar a autoridades locales y obtener ventajas políticas a través del financiamiento de candidaturas. Este tipo de relación entre la empresa y los gobiernos, cuando no convenía, podía ser manipulada, como se evidenció en el golpe de Estado en Guatemala en 1954.
La United Fruit Company era vista como el paradigma del imperialismo estadounidense en América Latina: controlaba la economía local y ofrecía una explotación severa a los trabajadores de sus plantaciones. Esta situación fue reflejada en la literatura de autores como Miguel Ángel Asturias y Gabriel García Márquez. Además, la empresa logró influir en el desarrollo de infraestructura en regiones remotas, aunque esos beneficios siempre estaban supeditados a sus propios intereses.
En la masacre de las bananeras de 1928, las condiciones de trabajo en las plantaciones eran extremas y precarias. A pesar de atraer a miles de campesinos ofreciendo oportunidad laboral y algunos salarios atractivos, muchos trabajadores eran contratados a través de terceros, no directamente por la empresa. Además, las condiciones de salubridad en las viviendas eran deplorables, con falta de agua potable, ventilación y adecuadas instalaciones sanitarias.
El 12 de noviembre de 1928, se desencadenó una huelga masiva de más de 25.000 trabajadores en la zona bananera de Santa Marta, en Colombia, que se prolongó por un mes. El gobierno conservador de la época, en complicidad con la empresa, respondió enviando tropas que terminaron por masacrar a los huelguistas. Se reporta que más de mil obreros murieron a manos del ejército colombiano en respuesta a esta movilización pacífica.
Veinticinco años después, la coalición entre la United Fruit Company y el gobierno estadounidense llegó a un nivel sin precedentes con el golpe de Estado contra el presidente guatemalteco Jacobo Árbenz, llevado a cabo por la CIA bajo la operación encubierta denominada PBSUCCESS. Este golpe de Estado se justificó por los intereses de la compañía, que había perdido tierras debido a las reformas agrarias.
Con el tiempo, sin embargo, la United Fruit Company enfrentó una crisis de reputación que culminó en el suicidio de su presidente, Eli M. Black, en la década de 1970. La compañía gradualmente perdió su monopolio y en 1990 fue rebautizada como Chiquita Brands International.
Los problemas no cesaron, y en los años noventa, la empresa admitió haber realizado pagos a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) que resultaron en condenas y asuntos legales duraderos. Según el Informe de la Comisión de la Verdad de Colombia, estos pagos fueron revisados y aprobados por altos ejecutivos de la compañía, que eran conscientes de la naturaleza violenta de la organización.
A medida que la compañía continúa operando en la actualidad, enfrenta un legado complejo de logros y tragedias en América Latina, recordando constantemente su papel en la historia económica y social de la región.
