Un estudio de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ha revelado que durante la pandemia, los mecanismos de protección social, como los ERTEs (Expedientes de Regulación Temporal de Empleo), favorecieron más a los trabajadores mayores que a los jóvenes. Esta situación se agrava al considerar que los jóvenes están predominantemente en empleos temporales y precarios, lo que los dejó en una posición de mayor vulnerabilidad.
Contexto del estudio
La investigación, liderada por José Ignacio Conde-Ruiz, Jorge Fernández y Daniel Pérez, junto con Manu García de la Federal Reserve Bank of St. Louis, analizó microdatos administrativos de la Muestra Continua de Vidas Laborales. El objetivo fue medir la efectividad del sistema de protección laboral durante la crisis sanitaria.
Resultados destacados
El estudio indica una «doble penalización» para los jóvenes trabajadores. Solo el 37% de los menores de 20 años logró mantener su empleo, en comparación con el 77% de los trabajadores mayores de 50 años. Además, entre los que perdieron su empleo, apenas un 51% de los jóvenes menores de 20 años recibió algún tipo de cobertura, mientras que más del 93% de los trabajadores mayores de 50 años sí la obtuvieron.
Los investigadores aclaran que esta brecha no es consecuencia de un trato desigual, sino de factores estructurales, como la alta temporalidad del empleo juvenil y su concentración en sectores más vulnerables.
Sobre los mecanismos de protección
El estudio evalúa dos canales de protección: los ERTEs y el acceso a prestaciones o subsidios por desempleo. En el caso de los ERTEs, si bien los jóvenes fueron menos protegidos de forma general debido a la precariedad de sus contratos, no se observó una peor protección comparativa cuando se ajustaron factores como tipo de contrato y antigüedad. De hecho, su probabilidad de ser incluidos en un ERTE fue ligeramente mayor.
Sin embargo, en lo que respecta a las prestaciones por desempleo, los jóvenes presentaron desventajas significativas, incluso al compararlos con trabajadores en igualdad de condiciones. Esto sugiere que el diseño del sistema penaliza a quienes tienen trayectorias laborales más cortas o inestables.
Impacto de la reforma laboral
Fedea menciona que la reforma laboral de 2021, centrada en reducir el uso de contratos temporales y promover la contratación indefinida, podría considerarse un avance en la dirección correcta. Al aportar mayor estabilidad contractual, las posibilidades de que los trabajadores accedan a mecanismos de protección en futuras crisis se incrementan.
No obstante, advierten que cambiar el tipo de contrato por sí solo no es suficiente, ya que si los empleos siguen siendo inestables o los requisitos para acceder a las prestaciones no se ajustan a las necesidades de los trabajadores más vulnerables, muchos seguirán excluidos del sistema de protección.
Conclusiones
Los ERTEs se consolidaron como el principal instrumento de protección laboral durante la pandemia, permitiendo a muchos trabajadores mantener su vínculo laboral a pesar de la crisis. Sin embargo, la cobertura fue notablemente desigual. En su punto más alto, en abril de 2020, los ERTEs beneficiaron a 3,52 millones de trabajadores, pero el número de beneficiarios disminuyó con el tiempo. Más de 550.000 empresas se beneficiaron del programa, que tuvo un coste fiscal total aproximado de 40.000 millones de euros, de los cuales 22.000 millones estuvieron destinados a prestaciones y 18.000 millones a exoneraciones en las cotizaciones sociales.
La evidencia sugiere que la segmentación del mercado laboral y la naturaleza precaria del empleo juvenil influyeron significativamente en el acceso a protección durante la pandemia. Así, se reafirma la necesidad de adaptar las políticas de protección laboral para atender adecuadamente a los colectivos más vulnerables, como los jóvenes, que fueron desproporcionadamente afectados por la crisis.
