El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública ha presentado un nuevo modelo de selección de personal para la Administración Pública, que implica que los aspirantes a puestos en los Grupos A1 y A2 deberán completar dos años de formación y superar un examen para acceder a la plaza. Así lo indicó la secretaria de Estado de Función Pública, Clara Mapelli, junto al ministro del área, Óscar López, durante la presentación del ‘Consenso para una Administración Abierta’, una iniciativa orientada a digitalizar la Administración del Estado.
Este plan tiene como objetivo adaptar los perfiles de ingreso a las nuevas profesiones que han surgido, mediante la impartición de formación a través de institutos y escuelas especializadas. Los aspirantes recibirán formación relacionada con competencias que se evaluarán mediante ECTS (Créditos Europeos). Se establecerán itinerarios educativos que requerirán 120 ECTS para los cuerpos y escalas del subgrupo A1; 90 ECTS para el subgrupo A2; 60 ECTS para el grupo B; 30 ECTS para el subgrupo C1 y 10 ECTS para el subgrupo C2.
Desde el Ministerio, explican que, bajo este nuevo modelo, se convocarán más plazas de las necesarias para esos grupos, de modo que una vez superen la prueba de ingreso, los aspirantes deberán participar en un curso de formación de dos años, que concluirá con un examen para conseguir la plaza. Aquellos que no logren aprobar recibirán un título oficial reconocido por los estudios realizados.
Este sistema se implementará únicamente para los perfiles de los Grupos A1 y A2; en cuanto a los subgrupos C1 y C2, la formación se proporcionará una vez que el aspirante haya obtenido la plaza, es decir, al inicio de su labor. Las oposiciones en otras categorías continuarán bajo el esquema actual.
Clara Mapelli afirmó que este modelo asegura de manera «real» la igualdad de oportunidades para quienes buscan ingresar en la función pública en estas categorías y representa una mejora respecto al antiguo sistema, que dependía de la tasa de reposición de plazas. Según la secretaria de Estado, desde una perspectiva cuantitativa, esta tasa ha dejado de ser un problema, pero desde el punto de vista cualitativo, el nuevo sistema proporcionará pasos hacia la entrada de profesionales en nuevos roles.
Además, se buscará vincular este modelo con el sistema de becas del Ministerio de Educación, garantizando así «máximo rigor y formación».
Durante la rueda de prensa, Óscar López destacó que el ‘Consenso para una Administración Abierta’ representa «la mayor evolución de la Administración desde Internet», y que busca maximizar las posibilidades del sector público. Este proyecto, que se inició en marzo de 2024 y que tendrá un coste de 43 millones de euros financiados a través del presupuesto del Ministerio de Función Pública, planea la creación de una plataforma soberana de Inteligencia Artificial (IA) con un presupuesto de 14 millones de euros, que simplificará trámites y anticipará las necesidades de empresas y ciudadanos.
El ministro anunció que se eliminará la obligatoriedad de cita previa en la Administración, aunque reconoció que esto requerirá un desarrollo reglamentario cuya fecha aún no se ha determinado. Además, se pretende implementar la tecnología de SimplexEsp para agilizar la burocracia mediante la creación de borradores, similar al procedimiento de declaración de la renta, que se aplicará también a otros trámites en la Administración.
Asimismo, López mencionó la creación de una oficina «todo en uno», que agrupe varios servicios de la Administración, permitiendo realizar diversos trámites, como el empadronamiento, en un solo lugar, similar a lo que se hace en una oficina de Correos.
Esta estrategia, que ha recibido más de 400 aportaciones durante su periodo de consulta pública, contemplará evaluaciones ex post, incluyendo un informe que se solicitará a la OCDE en 2027.
Con este proyecto, el Gobierno responde a la Comisión Europea, que en su ‘Comunicación ComPAct’ instó a los países miembros a mejorar su espacio administrativo. La respuesta del Ejecutivo se articula en tres dimensiones: organizativa, con la creación del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública; estratégica, mediante el lanzamiento del Consenso por una Administración Abierta; y normativa, con el desarrollo de leyes para transformar el Estado.
Cinco de los dieciocho proyectos en los que se trabaja están relacionados con inversiones en las capacidades del sector público, abarcando desde sistemas de IA hasta la gestión previsional de recursos y la promoción de un empleo público inclusivo, innovador y proactivo, además de mejorar las condiciones laborales a través del diálogo social.
